El fiscal en lo penal y contravencional porteño Tomas Vacarezza pidió a la Policía de la Ciudad un informe detallado sobre los manifestantes que destrozaron veredas y dañaron bienes públicos en torno a la protesta de varios días frente al Congreso de la Nación por el tratamiento de la ley ómnibus. 

Ante esa fiscalía, el Ministerio de Seguridad porteño junto al de Justicia ratificaron ante el fiscal el reclamo por 110 millones de pesos por destrozos provocados en las veredas, la quemadura de cestos de basura y vallado, así como otro mobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. 

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff; y su par de Justicia, Gabino Tapia, se presentaron conjuntamente hoy ante el fiscal para ratificar la denuncia. La parte de Ciudad es por la reparación de daños provocados por los manifestantes y apunta tanto a particulares como posiblemente a organizaciones sociales, de izquierda o piquetes, algunas de las que se estuvieron manifestando frente al Congreso Nacional por esos días. 

La fiscalía remitió un oficio a Policía de la Ciudad para que a través de las imágenes se identifique a los manifestantes u organizaciones que provocaron daños sobre todo en la jornada del pasado viernes frente al Congreso de la Nación. 

En ese sentido, pidió a la Policía identificar todos los hechos registrados que puedan constituir delitos y/o contravenciones e identificar a todas las personas que se encuentren involucrados en los mismos, y de ser posible establecer si pertenecen a organizaciones sociales o políticas, si alguno de ellos fue detenido en esa jornadas. También detectar si previo a los hechos existieron reuniones o convocatorias previas para poder identificar a los posibles jefes u organizadores. 

Es que la intención de la Ciudad es ir por vía penal para identificar a los manifestantes y luego ante la justicia civil para buscar una reparación del daño. 

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación reclama una suma total de 224.486.038,08 de pesos por el operativo de seguridad durante esos días de las cuatro fuerzas federales, la Policía, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

A ello, la cartera exige que se le sumen el gasto por el tratamiento médico a los efectivos dañados por los manifestantes.

“De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados”, señala la presentación.