La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno de la Nación, mediante una carta formal dirigida al ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, la anulación de los exámenes de idoneidad que pretenden tomarles a los empleados estatales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, aseguró que uno de los motivos es la “notoria falta de transparencia de todo el proceso” y que, además, “no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales” con las que se van a llevar a cabo dichas evaluaciones.

“El Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales”, señaló.

En la misma línea, sostuvo que “con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales” estos exámenes están destinados “a perjudicar a los trabajadores”. “¿(Manuel) Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos, van a ser evaluados?”, cuestionó.

Estas declaraciones surgen previo al Paro Nacional que se realizará este jueves, convocado por las dos CTA y al que se plegó ATE, junto a otros gremios y organizaciones sociales y políticas, “en contra de las políticas” de la gestión de Javier Milei.

Los únicos detalles que dio a conocer el Gobierno Nacional sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) se encuentran dentro del Decreto 695/24, sin precisiones sobre las formas de evaluación ni la clasificación de los soportes digitales ni software que se utilizarán.

Por su parte, el sindicato aseguró “que son evaluaciones innecesarias”, debido a que, en la actualidad, hay sistemas de valoración del desempeño laboral dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional.

“No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. No existen normas específicas al respecto y miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo. Pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra, que re - precarizar a los trabajadores, debe ser dejada sin efecto”, concluyó Aguiar.