Andrés Galera: el contador marplatense detrás de la red de Martín Insaurralde
Sergio Mola y Diego Velasco presentaron pruebas sobre cómo las empresas controladas por Galera y Donadío se repartían las adjudicaciones de obras públicas en Lomas de Zamora y municipios aledaños. Los gastos del ex intendente.
En medio del escándalo que sacude al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, surge un nombre clave: Andrés Enrique Galera. Este contador marplatense tiene antecedentes, no precisamente de atributos positivos.
El contador Andrés Enrique Galera fue sentenciado en la causa relacionada con los "bolsos" que José López, exsecretario de Obras Públicas, utilizó para trasladar 9 millones de dólares. López intentó ocultar esta suma en un convento de General Rodríguez, lo que desencadenó la investigación.
Galera, de 68 años, tuvo una condena de 2 años y medio de prisión en suspenso, por ser considerado partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Capital Federal, el mismo que condenó a José López a 6 años de prisión por el mismo caso.
Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, impuso a Galera una multa equivalente al 50% del monto del enriquecimiento ilícito por el que fue condenado. También se dispuso su inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos en el futuro.
Hasta el año 2010, Galera figuraba como el propietario de una lujosa mansión ubicada en Tigre, la cual era habitada por José López. De acuerdo con los registros de la provincia de Buenos Aires, en mayo de ese año, Galera vendió la propiedad, que estaba a medio construir, a Eduardo Gutiérrez, un empresario que era proveedor de obra pública durante el gobierno anterior. Gutiérrez completó la construcción del inmueble y luego lo alquiló a López y su esposa.
¿Quién es Andrés Galera en el mundo de Martín Insaurralde?
Uno de los puntos más destacados en las recientes investigaciones judiciales es la relación de Galera con Martín Insaurralde, quien enfrenta cargos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los fiscales que investigan a Insaurralde destacan que Galera era el controlador de Revilier S.A., la empresa que figura como propietaria del departamento de lujo en Puerto Madero donde vivieron Insaurralde y su exesposa, la modelo Jésica Cirio. Este departamento, ubicado en el exclusivo Aleph Residence, es considerado un símbolo del poder adquisitivo que no se corresponde con los ingresos declarados de Insaurralde como funcionario público.
Además de su rol como supuesto testaferro, Galera utilizó su empresa Viani S.A. para recibir adjudicaciones directas de obras públicas en Lomas de Zamora, durante la gestión de Insaurralde. Entre estas obras, la pavimentación de la Ruta 16 ha sido señalada por las autoridades como un ejemplo de irregularidades en la licitación y adjudicación, un patrón que refuerza la hipótesis de corrupción estructural en la administración local.
En su momento, Federico Delgado y la Unidad de Información Financiera (UIF) dieron pasos en las investigaciones sobre el accionar de Galera y sus empresas. Se examinaron las actividades de la empresa Viani Construcciones S.A., la cual fue proveedora de obra pública del gobierno bonaerense. Los ingresos de sus empresas no concordaban con su elevado patrimonio. Entre los bienes que posee Galera se destacan propiedades en Puerto Madero, Mar del Plata, Miami y Marbella, además de aviones.
Un entramado de testaferros y empresas
La figura de Galera se enreda aún más con la participación de Víctor Donadío, otro empresario que actúa como “jugador” de Insaurralde. Donadío, a través de su empresa DOIO S.A., colaboró estrechamente con Galera en varias licitaciones de obras públicas, incluyendo la construcción de la mansión de Insaurralde en Fincas de San Vicente. Esta propiedad, adquirida de manera sospechosa, fue transferida a una empresa vinculada al exintendente, en lo que los fiscales describen como una maniobra para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El entramado de empresas como Revilier S.A., Viani S.A. y DOIO S.A. evidencia cómo Galera no solo actuaba como un intermediario pasivo, sino como un operador clave en la estructura de lavado de dinero. A través de estas empresas, y en complicidad con Donadío, se desviaron fondos públicos mediante contratos fraudulentos, que luego fueron utilizados para adquirir propiedades y activos de lujo.
La conexión con José López y la obra pública
El rol de Galera como testaferro de José López también conecta las tramas de corrupción de diferentes períodos del kirchnerismo. Galera fue el encargado de ocultar la casa de López en Dique Luján, donde se encontraron los famosos bolsos con dólares. Esta propiedad estaba registrada a nombre de Galera, reforzando su papel como el hombre de confianza para manejar las riquezas mal habidas provenientes de los negocios ilegales en la obra pública.
Además, el arquitecto que construyó la casa de López también trabajó en la construcción de la mansión de Insaurralde, un hecho que no ha pasado desapercibido para los fiscales, quienes subrayan las coincidencias y conexiones entre los actores involucrados como una evidencia de la estructura organizada de corrupción.
Las pruebas y el avance judicial
La fiscalía, liderada por Sergio Mola y Diego Velasco, ha presentado pruebas contundentes sobre cómo las empresas controladas por Galera y Donadío se repartían las adjudicaciones de obras públicas en Lomas de Zamora y municipios aledaños. Las investigaciones no solo se centran en los vínculos personales entre los implicados, sino también en la forma en que estas relaciones facilitaban negociaciones incompatibles con la función pública, desviando fondos para su uso personal.
Los fiscales argumentan que la fortuna acumulada por Insaurralde y su entorno no encuentra correlato con sus ingresos declarados, y que el supuesto uso de testaferros como Galera fue esencial para poner en circulación dinero proveniente de la corrupción vinculada a la obra pública.