El juez de instrucción penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler, procesado en la investigación por el atentado contra la AMIA por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”· pero sospechado por otros delitos más graves,  renunció a su cargo como magistrado fueguino.

Mediante una nota fechada a fines de febrero pasado pero conocida sólo hoy, De Gamas presentó su renuncia al presidente Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Carlos Sagastume.

“Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, en mi carácter de titular del Juzgado de Instrucción número uno del Distrito Judicial Sur, a los efectos de elevar, por medio de la presente, mi renuncia condicionada al cargo que desempeño en este Poder Judicial para acogerme al beneficio jubilatorio", sostiene la misiva.

La renuncia está condicionada a la concesión del beneficio jubilatorio, tal como lo subraya expresamente la nota.

"La renuncia se encuentra sujeta al otorgamiento del beneficio jubilatorio y es efectuada en los términos y los alcances de lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 561 y modificatorias".

Ese artículo de la legislación local establece que “para la tramitación de las prestaciones jubilatorias se exigirá la presentación de la renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio, y la resolución que dictare la Caja quedará supeditada al cese definitivo de la actividad en relación de dependencia”.

La norma local aclara que “la resolución denegatoria dictada por la Caja anulará automáticamente la renuncia presentada en los términos de este dispositivo”.

De Gamas es un hombre joven, de menos de 60 años de edad, que se desempeñó junto al destituido y condenado en primera instancia ex juez Juan José Galeano durante toda la primera etapa de la investigación por el atentado contra la AMIA.

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El juez federal porteño Sebastián Ramos lo procesó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por su actuación en la investigación, pero la Cámara Federal agravó su situación.

Los camaristas Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón le ordenaron una nueva resolución sobre la situación de De Gamas y de otros ex secretarios judiciales, Carlos Alfredo Velasco y María Susana Spina.

Todos están imputados por haber participado en la maniobra por la cual el desarmador de autos  y hoy abogado Carlos Telleldín cambió su declaración para involucrar falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado, a cambio de 400 mil dólares.

Los camaristas consideraron que las responsabilidades de los ex funcionarios alcanzan a las figuras de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”.

Esa decisión está aún pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación, adonde fueron apeladas las consideraciones de los jueces Boico y Bonzón.