El presidente Alberto Fernández mantiene en suspenso el nombre que propondrá para reemplazar a Elena Highton en la Corte Suprema de Justicia a pesar de haberse cumplido el plazo legal para dar a conocer esa nominación, en medio de un escenario incierto para el oficialismo en el Congreso.

Highton renunció a la Corte el 1 de noviembre pasado y dejó una vacante en un tribunal que tiene posiciones divididas y pujas internas desde que Horacio Rosatti fue elegido como presidente y Carlos Rosenkrantz como vice, en un procedimiento que relegó al juez Ricardo Lorenzetti, ex titular del cuerpo.

Fernández debía dar a conocer el nombre de la persona nominada para ocupar ese lugar antes de este miércoles, en función de lo que dicta el decreto 222/03 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner y por él mismo como jefe de Gabinete de aquel gobierno, pero no lo hizo.

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El decreto 222 estableció que una vez "producida una vacante" en la Corte, "en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares" del jurista propuesto para ocuparla.

Si bien la norma no establece ningún tipo de castigo o sanción para el incumplimiento de ese plazo, la demora abre un interrogante sobre el futuro del máximo tribunal y suma un elemento más de tensión para el oficialismo en el Senado, donde se tienen que tratar las designaciones de los jueces.

A partir del 10 de diciembre, el Frente de Todos dejará de tener mayoría propia en la Cámara alta y contará con 35 votos, lo que lo ubica muy lejos de alcanzar la mayoría especial de dos tercios que se necesita para aprobar el nombramiento de un nuevo integrante de la Corte Suprema.

La demora en la publicación de la propuesta por parte del Poder Ejecutivo se da en ese contexto, dado que en la Casa Rosada entienden que la persona nominada para el cargo deberá reunir un importante consenso y, al día de hoy, parece difícil que oficialismo y la oposición alcancen un acuerdo.

El resultado de las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre dejó un Congreso más equilibrado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero en la coalición opositora todavía hay diferencias respecto de la relación que llevarán con el oficialismo.

Además de la vacante a cubrir en la Corte Suprema, el Congreso tiene por delante otros temas importantes, entre ellos el Presupuesto 2022 y el eventual acuerdo con el FMI, pero sobre todos ellos hay matices dentro de la alianza opositora que dificultan cualquier tipo de acuerdo con el oficialismo.

No obstante, no se trata de la primera vez que se incumple el plazo para nominar aun juez de la Corte ante el Senado: también ocurrió durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, cuando la jubilación de Raúl Zaffaroni y la muerte de Carmen Argibay dejaron dos vacantes en el máximo tribunal.

En aquel entonces, la oposición bloqueó la posibilidad de que el Gobierno cubriera esas vacantes al reunir 25 votos en el Senado e impedir que el oficialismo pudiera llegar a los dos tercios.

Los lugares recién se cubrieron en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri propuso a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes intentó nombrar por decreto pero chocó con el rechazo cerrado de todo el arco opositor, lo que hizo que finalmente se designaran de acuerdo a lo establecido en el decreto 222/03.