La designada interventora del  Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la ONG que lidera la candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, aún no pudo asumir sus funciones por la resistencia de sus actuales autoridades.

Así lo consignó el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia, al describir un laberíntico recorrido administrativo y judicial que mantiene paralizada la designación como interventora de la contadora Norma Cristóbal.

La interventora fue designada el 12 de julio pasado, pero cuando fue a tomar posesión del cargo y a desplazar a las autoridades hasta ese momento se encontró con que el IEES estaba “cerrado por vacaciones”.

Cristóbal remitió carta documento a la organización y pidió auxilio a la Justicia en lo Civil para tomar posesión del cargo, pero el juez  Santiago Strassera rechazó el planteo porque no habían transcurridos los plazos establecidos para una respuesta del IEES.

Vencidos esos plazos, la interventora lo intentó de nuevo, pero en esa oportunidad el juez   Carlos Goggi remitió el pedido a su colega, la jueza Alicia Álvarez, por una supuesta conexidad que la magistrada rechazó.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención por 180 días hábiles a raíz de supuestas "irregularidades contables" que ya habían sido detectadas por la IGJ.

El objetivo de la intervención es “normalizar la situación institucional de la entidad”, en la que la IGJ detectó “irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar".

La IGJ considera que la asociación civil que encabeza Bullrich “ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política” de Patricia Bullrich.