La Cámara Federal de Casación confirmó la prisión preventiva del ex agente de inteligencia Raúl Martins, acusado en la Argentina por regentear una red que se dedicaba a la explotación de mujeres con fines sexuales y actualmente detenido en México a la espera de ser extraditado.

A principios de diciembre la Corte Suprema definió una cuestión de competencia y atribuyó definitivamente el caso al Tribunal Oral Federal número siete, que está a la espera de que Martins sea enviado a la Argentina para celebrar el juicio.

Pero ese trámite está demorado por un amparo que la defensa de Martins presentó ante la Justicia mexicana, que lo detuvo cuando intentaba salir del país desde el aeropuerto de Cancún tras haber camuflado su aspecto y su identidad.

Martins está acusado de haber liderado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante la implementación de locales comerciales que disimulaban bajo la fachada de bares o whiskerías su realidad: eran prostíbulos.

Esa modalidad se extendió al menos desde el 10 de noviembre de 2010 hasta el 27 de octubre de 2014, y la principal denunciante fue Lorena, una hija de Raúl Martins.

“Persisten con inequívoca evidencia los riesgos procesales, la complejidad y la naturaleza y gravedad de los hechos imputados, explicitados y analizados en la resolución” que dispuso la prisión preventiva, sostiene el fallo de la Casación.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky valoraron negativamente “la actitud del encartado durante el proceso y el hecho de que tuvo que ordenarse su comparecencia a los efectos de recibirle declaración indagatoria, no logrando cumplir la misma, sino a través de exhortos a los Estados Unidos Mexicanos y las circunstancias que rodearon la detención del nombrado en el aeropuerto de Cancún, que buscaba salir de ese país que hasta ese entonces había sido su residencia, utilizando para ello elementos que ocultaban su fisonomía”.

El voto mayoritario evaluó “la gravedad y complejidad de los delitos que se investigan en la presente causa, la voluminosidad de las presentes actuaciones y especialmente el trámite de extradición que han atentado contra la celeridad necesaria para llevar adelante la continuación del presente proceso, el debate oral y público y, en consecuencia, el dictado de la sentencia respectiva”.

“Este Tribunal se abocó a la realización de medidas previas a la citación a juicio y a instar una respuesta por parte de los autoridades mexicanas en torno al trámite de extradición”, resumió el fallo.