El 24 de marzo pasado, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, transcurrió en medio de la polémica por la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar y por la idea de la administración de Javier Milei de agregarle el sustantivo de completa a la denominación de la conmemoración, para no dejar fuera del recuerdo a las víctimas de la guerrilla de la década del ‘70. 

Sin embargo, hubo otro hecho que pasó casi desapercibido entre las declaraciones altisonantes de la clase política, que fue generado por el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner que involucra al campo de deportes de la Armada Argentina, al club River Plate y a su comisión directiva, a integrantes de varios organismos de derechos humanos, al equipo de antropología forense y al juez federal, Ariel Lijo, que prepara su toga para ser lucida en los despachos de la Corte Suprema. 

Porque en Junio de 2023, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), comunicó el convenio de cesión de uso de los terrenos al club Atlético River Plate.  

Terrenos ganados al río de La Plata, donde funcionaba  hasta el año pasado el Campo de Deportes de la Armada en poco más de siete hectáreas en la que el club avanza con su idea de construir un complejo deportivo que albergue su rico plantel de deportistas. 

Una idea que no tendría mayores objeciones, en uno de los lugares más cotizados por el mercado inmobiliario, sino fuera porque hay investigaciones judiciales donde se relata que los represores conocían el lugar como el de los “asaditos” porque allí se quemaban los cuerpos de los ciudadanos asesinados en sesiones de tortura o en enfrentamientos armados. 

Semejantes atrocidades llevaron a que el juez federal Ariel Lijo solicitara explicaciones a la AABE de Alberto Fernández, quienes realizaron una investigación que delegaron en el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó hasta hace poco tiempo, con el fin de “establecer la posible existencia de enterramientos clandestinos o depósitos de restos óseos pertenecientes a detenidos-desaparecidos”. 

La necesidad de conocer la verdad del derrotero de las víctimas se produce por las características del predio cedido al club millonario. 

Se trata de un terreno de más siete hectáreas que se encuentra separado del cuerpo principal del mayor centro clandestino de detención y exterminio de la dictadura la ESMA, al otro lado de las avenidas Lugones y Cantilo: un puente peatonal une ambos partes del predio, ubicado a 800 metros del Monumental. 

Por ese motivo, los trabajos en el nuevo predio que el Estado le cedió a River avanza a paso lento. De hecho, no pueden construir donde los forenses están investigando.  

Los trabajos de la EAFF comenzaron en enero de este año y las excavaciones de los expertos ya se realizaron en siete cuadrantes, algunos de hasta 1.200 metros cuadrados y hasta en 5 metros y medio de profundidad.  

Los resultados por ahora fueron nulos y no se hallaron restos óseos o de interés forense por lo que el juez Lijo ya recibió pedidos de autorización para rellenar el terreno y comenzar cuanto antes con las obras. 

Según se explicó en el juzgado, la comisión directiva de River encabezada por Jorge Pablo Brito, se propone construir un campo de deportes, seis canchas para fútbol de once, una cancha de agua de hockey, cuatro vestuarios, un salón de usos múltiples, un salón comedor y estacionamientos. 

El proyecto tendrá cinco etapas y podría demorarse más de los cinco años estimados si llegara a prosperar un nuevo reclamo de integrantes de organizaciones de derechos humanos. 

El sitio web laretaguardia.com.ar presentó una investigación con las 44 personas que, por testimonios, se ha podido establecer que sus cuerpos fueron desaparecidos vía incineración en el Campo de Deportes de la ESMA, que el Estado le entregó a River el año pasado. 

La decisión de la administración de Alberto Fernández fue criticada por varios de los organismos de derechos humanos más representativos pero la polémica por la cesión comenzó cuando los directivos de la AABE firmaron el compromiso con el club de Núñez. 

Tanto Eduardo Albanese, el titular de la AABE que respondía directamente al jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, como Juan Debandi, su segundo en la conducción, que se referencia en la agrupación La Cámpora conducida por Máximo Kirchner, coincidieron en la necesidad de ceder terrenos que Jorge Brito y compañia han considerado "invaluables" por su ubicación privilegiada.  

Debandi podría quedar “blindado” próximamente si el expediente es tratado por los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control descentralizado, autárquico y autónomo del Estado, porque sus auditores son elegidos por el Congreso Nacional, y que relevan las cuentas públicas a año vencido, porque Olmos asumió como el titular de la AGN. 

Sea como fuere, los integrantes del Archivo Popular de la Memoria, una agrupación creada en agosto pasado por familiares de desaparecidos y sobrevivientes que realizaron la investigación por las 44 víctimas, concurrirán nuevamente a la justicia para que se profundicen las investigaciones porque consideran que “hay que oponerse con contundencia porque ese lugar tendría que estar integrado al Espacio de Memoria que preserva la historia de lo que ocurrió en la ESMA. Por algún motivo no del todo claro, hace 20 años, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió que la Armada dejara el predio, el Campo de Deportes quedó vedado al ingreso de la sociedad”. 

Mónica Dittmar, esposa del desaparecido Hernán Abriata, afirmó que “la causa está cerrada y nuestra presentación fue rechazada el año pasado porque el terreno está efectivamente cedido a River y no se puede volver atrás. Pero queremos que se abra una instancia de mayor investigación sobre el campo de deportes, una nueva querella, y por eso la semana que viene volveremos a la Justicia”, señaló.