Todo indica que el presidente de la Nación, Javier Milei, hará fuertes denuncias durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, acerca de la administración que lo precedió, y la manera en que manejó presupuestos millonarios que terminaron dejando deudas por un total cercano a los 3 billones de pesos. Un número difícil de conmensurar.

Dentro de ese océano de pérdidas y números rojos en los balances, la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, creada en 1992, el organismo que se encarga del sistema de control interno del Estado para hacer cumplir las normas contables estatales y que haya un uso eficaz de los recursos públicos y es conducida por el contador Miguel Carlos Blanco, un ex ejecutivo de Swiss Medical recomendado por Claudio Belocopitt, auditó las cuentas del organismo que controla los bienes del Estado nacional.

El puesto de titular de la Sigen depende directamente del presidente de la Nación, cuenta con personería jurídica y es autárquica, administrativa y financieramente. Además es la oficina elegida por Milei para escanear las cuentas de las reparticiones oficiales donde la AABE, Agencia Administradora de Bienes del Estado, tiene mucho para explicar y, entre los expedientes analizados, se encuentra la polémica cesión de terrenos de la Armada Argentina al club Atlético River Plate en una de las zonas premium de la ciudad y con críticas por la cesión que unieron, paradójicamente, a oficiales retirados de la Armada con integrantes de organizaciones de derechos humanos. 

En el medio de la historia se encuentra la comisión directiva del club millonario conducida por Jorge Brito que, desde el punto de vista de los socios de la institución deportiva, ha realizado un buen trabajo consiguiendo esas tierras para River Plate.

Pero no lo lograron de una manera exenta de polémicas a pesar que la AABE de Alberto Fernández estaba conducida por dos dirigentes importantes que tenían terminales diferentes dentro del poder del Frente de Todos. 

Cerca del final del mandato de Alberto Fernández, se encendió la luz verde para avanzar con la ampliación de las instalaciones de River Plate, la prendieron dos funcionarios que, como sucedió en casi todas las dependencias estatales del gobierno del Frente de Todos, respondían a diferentes jefes políticos.. 

En la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) existió un doble comando que, al contrario de lo que sucedió con sus dirigentes a nivel electoral dentro del Frente, se pusieron de acuerdo para quitarle a la Armada el predio, cederlo a River Plate y promover nuevas instalaciones para los marinos en Vicente López. 

Tanto Eduardo Albanese, el titular de la AABE que respondía directamente al jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, como Juan Debandi, su segundo en la conducción, que se referencia en la agrupación La Cámpora conducida por Máximo Kirchner, coincidieron en la necesidad de ceder terrenos que Jorge Brito y compañia han considerado "invaluables" por su ubicación privilegiada. 

Debandi podría quedar “blindado” próximamente si el expediente es tratado por los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), otro de los organismos de control, cuyos auditores son elegidos por el Congreso Nacional, y que relevan las cuentas del Estado a año vencido, porque Olmos asumió como el titular de la AGN. 

Pero el disconformismo presentado por varios referentes de la Armada Argentina por la situación poco transparente como las críticas públicas realizadas por casi todo el arco de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina encendieron las alarmas de los funcionarios de la SIGEN de Javier Milei que podría rever ciertos aspectos de esa transferencia. 

No será fácil porque River avanza de manera decidida con los trabajos en el predio para ampliar sus instalaciones. 

En las siete nuevas hectáreas que consiguió River, ya se avanza en los trabajos con la idea original de la CD del club de Núñez para acondicionar y modernizar las instalaciones para su elenco juvenil de jugadores y para el fomento de las distintas disciplinas que se trasladen allí para realizar sus actividades.  

En la actualidad se está trabajando en la remodelación del terreno y sobre las canchas de fútbol y rugby que venían de los tiempos de administración de la Armada. 

Pero, esos trabajos ponen los sentimientos a flor de piel de muchos ciudadanos que integran las asociaciones de derechos humanos. 

La cesión de ese terreno de 73.632 metros cuadrados que contó con el visto bueno de los funcionarios del área nacional encargada de administrar los bienes del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, generó un rechazo casi unánime de las organizaciones de derechos humanos que exigieron públicamente la marcha atrás del convenio. 

Los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron su repudio y sostuvieron que "dicha cesión, bajo la figura de permiso de uso, fue efectuada por la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), bajo responsabilidad política del gobierno nacional. A cambio, River construiría un centro de entrenamiento para marinos en un terreno situado en Vicente López, lo que complementaría dicha medida con un canje manifiestamente espurio". 

El motivo de este visceral rechazo es que durante la época de la última dictadura ese mismo predio, ubicado a orillas del Río de la Plata y cuya superficie totaliza más de siete hectáreas, era utilizado por los represores para incinerar los cuerpos de compañeras y compañeros asesinados en la ESMA, como por ejemplo ocurrió en el caso del reconocido periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. "Asaditos", llamaban cínicamente los genocidas a lo que fueron delitos de lesa humanidad.