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El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos cuestionó la falta de "formación y reconocimiento político" de algunos postulantes de Juntos.
Se trata del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas, Petroquímicas y Explosivas, que tenía esa situación desde febrero de 2019.
Es sobre la denuncia que realizó el Gobierno y que ahora amplió con más pruebas que presentó ante la Justicia. La sospecha es por el destino que se le dio a armamento anti tumulto en 2019, en plena crisis social y política en Bolivia.
El ex presidente ubicó a Fernando Iglesias en Capital y a Hernán Lombardi en Provincia. Además, puso a su ex secretario Darío Nieto en la lista de legisladores porteños del PRO.
El ex mandatario boliviano afirmó que con las pruebas que surgieron contra el líder del PRO "se confirman los planes del golpe".
El ministro de Justicia destacó la evidencia que muestra "cómo hicieron para sacar este arsenal que se usó en la represión" durante el golpe de Estado contra Evo Morales.
El diputado nacional indicó que la interventora del organismo espía, Cristina Caamaño, también lleva adelante una "investigación interna" en ese sentido.
La ministra de Seguridad remarcó que "es muy importante" que el país vecino haya dado las pruebas de la acusación.
Se trata del juez en lo penal económica Javier López Biscayart, quien ordenó las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Claudio Navas Rial.
La vicepresidenta apuntó a los jueces Julián Ercolini, Claudio Bonadio (ya fallecido), el camarista Martín Irurzun y los integrantes de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
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