A más de 30 años del comienzo de la causa por presuntos hechos de corrupción en la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, el fiscal federal Abel Córdoba pidió penas de hasta cinco años de prisión para tres empresarios por el delito de administración fraudulenta y que se recuperen los 191 millones de pesos que habrían sido perdidos por estas maniobras ilícitas.

Junto con el pedido de penas ante el Tribunal Oral Federal 4, el fiscal pidió que se imponga una multa de 90.000 para los tres acusados y que se disponga la reposición al estado anterior a la comisión del delito de la suma de dinero afectada: según estimaciones, el perjuicio habría sido de 191.004.275,39 pesos.

Para Córdoba, los empresarios juzgados Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo accedieron a reintegros indebidos impositivos vinculados a la compra de hormigón fresco y neumáticos importados que fueron utilizados durante la obra, al amparo de la Ley 20.852.

Al momento de los hechos, Rizzo y Ortega cumplían funciones como gerente general y representante, respectivamente, del consorcio contratista Eriday UTE, en tanto que Henin era el titular de la consultora DICMAR.

El fiscal pidió penas de cinco años para Henin y Rizzo, y cuatro para Ortega, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de participes necesarios.