Por Hernán Torres Guerrero *

Luego de 90 días de lucha contra el Covid-19, es indiscutible la importancia que tienen las Organizaciones Comunitarias como articuladoras entre el Estado y la Comunidad para el suministro y distribución de recursos esenciales de los ciudadanos.

Nos encontramos en un escenario donde la desocupación y la pobreza están creciendo, y es por ello que nuestras políticas públicas tienen como principal objetivo la generación de trabajo y el desarrollo productivo.

En ese sentido, la economía social comienza a perfilarse como un pilar central de salida a la profunda crisis económica heredada del gobierno anterior, y profundizada por la situación macroeconómica a nivel global.

Las mutuales y cooperativas son herramientas fundamentales para la reactivación económica en el corto y mediano plazo en las barriadas vulnerables, donde viven las familias más golpeadas por esta situación.

Hay unos 4.000 barrios, villas y asentamientos a lo largo y ancho de nuestro país y ellos son el principal objetivo de nuestras políticas.

El gobierno de Alberto Fernández tiene claras políticas redistributivas en búsqueda del desarrollo, el bienestar y la inclusión social de los más débiles.

Una de ellas es el plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que busca la generación de trabajo mediante modelos asociativos en cinco rubros: construcción, producción de alimentos, industria textil, cuidado de personas y el reciclado.

Otro componente son los microcréditos a tasas bajas para maquinarias y herramientas, además de un programa de obras de infraestructura para el acceso a los servicios básicos y de urbanización de comunidades vulnerables en todo el país.

(*) - Subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.