El presidente, Alberto Fernández, alertó hoy que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública” y atribuyó esa situación, en parte, a los "vínculos poco transparentes” de jueces y fiscales “con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”. 

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, subrayó el jefe del Estado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Tras repasar  que “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces, no existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano y el espionaje interno ya no existe”, el Presidente consideró que “de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política”.

“No hablo en abstracto. Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”, dijo, en alusión directa a la filtración de los chats cuya validez como prueba en un proceso judicial fue descartada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sebastián Ramos.

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Una de esas filtraciones mostró un supuesto vínculo entre el juez Ramos y uno de los mencionados en los chats, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Sobre esas denunciadas relaciones irregulares entre miembros del Poder Judicial y los “factores de poder”, el Presidente afirmó que “los ejemplos abundan”.

“Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”, enumeró.

“Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”, concluyó.