Un total de 135 presos políticos que habían sido excarcelados y expulsados hacia Guatemala fueron despojados de sus bienes por el Gobierno de Nicaragua, que además decomisó sus bienes. Así lo determinó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial "ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense".

Se indica además que los 135 desnacionalizados incitaron y promovieron "la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional", según la sentencia.

La resolución dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, "a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva a las víctimas de estos delitos", indicó el Poder Judicial, según reprodujo Actualidad DW.

Estados Unidos anunció el jueves último la liberación de 135 "prisioneros políticos injustamente detenidos" en Nicaragua, que fueron acogidos en Guatemala.

Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.

No obstante, por el momento no se conocía el total de las identidades de los excarcelados. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".