El informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es crudo, difícil de digerir porque muestra los avasallamientos que denunciaron reporteros y cronistas que intentan informar acerca de la vida política y social de Nicaragua, la Nicaragua del matrimonio Ortega que está acusada de encarcelar disidentes, perseguir periodistas y reprimir a su población.

No es el único informe que llamó la atención acerca de la situación de pérdida de libertades que está atravesando el pueblo nicaragüense. Human Rights Watch ya lo había advertido a través de su titular José Miguel Vivanco.
 

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Previamente, la Organización de Estados Americanos (OEA) había votado de forma mayoritaria, con 26 afirmativos, para condenar la represión en Nicaragua con la visible abstención de México y Argentina que parecen abrazarse a la vieja doctrina de no injerencia en los asuntos internos de los países.

El principio de no intervención queda totalmente desacreditado con informes como el que preparó la SIP y que presentó en sociedad este martes acerca de la situación de prensa en Nicaragua.

El acto contó con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los directivos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que acogieron el informe coincidiendo con los miembros de la SIP en la "valentía de los cronistas que se juegan la vida en el territorio centroamericano".

“El cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día en Nicaragua”, advirtió el cordobés Carlos Hugo Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior.  En la conferencia virtual afirmó, “confluyen para ello, el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos; presiones a anunciantes y fuentes informativas; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas; menor actividad de las redes sociales por temor a persecuciones; falta de acceso a información pública, y concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca afirmó sin dudar “los periodistas nicaragüenses están en un lugar importante de la historia. Les agradezco por su valentía”.

El informe presentado se elaboró luego que, una misión realizada por la entidad periodística continental, entrevistara a directivos de medios, periodistas, empresarios, dirigentes de la oposición, académicos, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, entre el 28 de junio y  el 2 de julio pasado. 

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la misión buscó “mantener la cultura de la denuncia y la esperanza, a fin de neutralizar a la dictadura y volver por pasos democráticos”. Al tiempo que la titular de la CIDH, Antonia Urrejola, destacó que la labor de la prensa es clave en procesos electorales como los que se prevén este año en Nicaragua, ya que contribuye a formar la opinión ciudadana, pero coincidió en que el hostigamiento y la represión desatada hacen ver lejos la posibilidad de elecciones libres y transparentes. “En Nicaragua no se respira”, concluyó Urrejola.

Todas estas voces se sumaron a la de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, quien pidió el 12 de julio un “cambio urgente” al gobierno de Nicaragua y abogó por la liberación de “los líderes opositores y precandidatos presidenciales detenidos arbitrariamente meses antes de las elecciones. Emplazo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral” sostuvo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y llamó a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Entre ellas, hay decenas de periodistas.