La organización Human Rights Watch denunció, a través de un informe con más de 50 testimonios en el terreno y que fue presentado en Washington el martes 22 de junio, “la creciente campaña de violencia y represión brutal” contra miembros de la oposición y ciudadanos de Nicaragua que lleva adelante el despótico gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que desde la vicepresidencia maneja fuerzas de seguridad y bandas armadas paraestatales.

Human Rights Watch convocó al portugués António Manuel Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para que presione de manera contundente y logre proteger los derechos humanos de la población nicaraguense y aseguré las elecciones libres en el país centroamericano el próximo 7 de noviembre.

El informe de 37 páginas fue presentado en conferencia de prensa de la cual NA formó parte y en la ronda de preguntas no faltaron las declaraciones acerca de la zigzagueante posición de la Argentina que, en principio, votó junto a México en la OEA para no condenar la situación de violación de los derechos humanos en Nicaragua alegando la no injerencia en asuntos internos de los países, pero luego, emitió, al igual que la diplomacia mexicana, un segundo documento donde se convocó a las capitales a sus respectivos embajadores para que informen fehacientemente lo que sucede en el país centroamericano.

Esta segunda decisión parece ser una corrección del voto de abstención emitido por el Estado nacional en el seno de la OEA cuando 26 países americanos votaron contra el régimen de Daniel Ortega.

De esa manera lo entiende el abogado chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco que ante una consulta acerca de lo que sucede en el país centroamericano afirmó:  “la situación en Nicaragua no presenta ninguna complejidad de análisis. Es simplemente el ejercicio de la fuerza bruta de parte de una  pareja que maneja el país como si fuera una propiedad privada y donde concentra todo el poder y está en condiciones de generar un proceso penal contra cualquier persona. Sin observar las básicas reglas de un estado de derecho. Esa es la situación en Nicaragua, es algo flagrante y representa el ejercicio brutal del poder".

¿Qué análisis realiza de la posición de Argentina que ha  votado en la  OEA en sintonía con la diplomacia mexicana?

Frente a estas circunstancias descriptas en el reporte, lamentablemente, Argentina y México no se sumaron al voto mayoritario de la OEA que condenó la situación en Nicaragua y exigió la liberación de las personas, arbitrariamente detenidas, y que incluyen a los candidatos presidenciales de la oposición a Ortega. Argentina y México en lugar de hacer eso sacaron una declaración donde hacen un esfuerzo para explicar su posición.

Ahora bien, ese documento significa un grave retroceso especialmente para Argentina no tanto para México. Digo esto por la posición de México, desde la asunción al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha invocado de manera selectiva y cuando le conviene, por razones de oportunismo, el principio de la no injerencia en los asuntos internos.

Pero, en el caso argentino esta situación es un grave retroceso porque, creo, que es la primera vez desde la restauración democrática en el año 1983, con una variedad ideológica en los gobiernos que asumieron desde entonces, que se haya invocado como un pretexto, como una justificación, la política de no intervención en asuntos internos de los países para no pronunciarse críticamente sobre la violación de los derechos humanos en un determinado país.

Además, en esa declaración tan infortunada en la OEA, hay algo más grave que hacen Argentina y México porque realizan una reivindicación de las supuestas instituciones democráticas en Nicaragua. ¡Como si las hubiera! Sabemos que lo que existe en Nicaragua es solamente la voluntad de Ortega y su grupo donde no hay instituciones porque han logrado cooptar todas las actividades de control. Entonces, la excusa de Argentina para reclamar el principio de no injerencia es que hay instituciones democráticas que hay que respetar. Eso lleva a México y Argentina a no sumarse al grupo de 26 estados que condenan a Nicaragua en la OEA.

La Cancillería argentina ha convocado a su embajador en Managua a Buenos Aires para consultas. ¿Cómo se analiza esta nueva decisión de la administración de Alberto Fernández?

Con posterioridad al voto en la OEA ha surgido una nueva declaración y, pienso, que en buena parte fue por la reacción tanto interna como externa de rechazo de esa posición, y en ella, parece ser que finalmente alguien se entera de la situación interna de Nicaragua, alguien con algún nivel mayor de rigor examina mínimamente lo que sucede en Nicaragua y, ¡sorpresa! se dan cuenta que se están cometiendo graves abusos y violaciones a los derechos humanos.

Esa segunda declaración me parece muy acertada y por eso los gobiernos de México y Argentina convocan a sus embajadores, a sus respectivas capitales. Parece que estaban desinformados y producto de las críticas, nacionales e internacionales, se ponen al día y se dan cuenta que Nicaragua no vive en un sistema democrático y que se están cometiendo arbitrariedades y por eso sacan una segunda declaración que, más o menos, coincide con lo expresado por los otros 26 países americanos.

Aún no sabemos que significa eso. Si los embajadores van a volver a Nicaragua, que van a decir en sus capitales, pero este zigzagueo, esta oscilación de Argentina en torno al caso de Nicaragua no genera mayor confianza, no sabemos sobre que bases podrían luego firmar una declaración distinta a la que emitieron. Veremos, creo que lo más prudente es esperar para ver que hacen.

Creo que es fundamental que Argentina retome su apoyo y su adhesión, que hasta ahora había sido consistente, con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de la causa de los derechos humanos y no una aplicación selectiva de los compromisos en materia de derechos humanos en función de las simpatías o antipatías ideológicas del actual gobierno argentino con circunstancias de derechos humanos que habilitan un pronunciamiento.

El informe de Human Right Watch y la contundencia de las denuncias y de los abusos del gobierno sandinista.

Frente a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo, el gobierno encabezado por Daniel Ortega ha  iniciado una campaña de detenciones arbitrarias y persecución contra críticos de su administración, incluidos prominentes opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas.

En las últimas horas el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, denunció el lunes 21 de junio, el allanamiento en su domicilio, como parte de la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos opositores y empresarios.

"NO A LA CENSURA. Tropas de la Policía ejecutan a las 8.30 PM (20.30 horas del lunes y 02.30 GMT del martes) un operativo ilegal de allanamiento en mi casa en Intermezzo del Bosque", en una zona exclusiva al sur de Managua, señaló Chamorro en un mensaje de Twitter.

Por su parte el gobierno de Daniel Ortega, que busca su tercera reelección presidencial, se aprovechó de su  mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional de Nicaragua para adoptar restricciones amplias que socavan derechos individuales fundamentales. Además, su régimen, busca aprobar una reforma política y electoral que, en la práctica, le facilitará la posibilidad de inhabilitar a opositores políticos. El gobierno, además, ha retenido el control del Consejo Supremo Electoral, el organismo que supervisa los comicios en Nicaragua.

Desde fines de mayo de 2021, mientras se estaba finalizando el reporte de Human Rights Watch, y durante una semana, las autoridades policiales nicaragüenses detuvieron a destacados candidatos presidenciales opositores e impulsaron investigaciones penales contra ellos que parecen responder a motivaciones políticas.

El informe completo se puede consultar en https://www.hrw.org/es/report/2021/06/22/arremetida-contra-criticos/persecucion-y-detencion-de-opositores-defensores-de