A pesar de que gran parte de los océanos permanecen sin explorar, se estima que más del 80% de las aguas profundas están inexploradas por razones físicas, oficinas internacionales como la UNESCO han encendido las alarmas al señalar que amplias partes de las aguas marinas se están convirtiendo en zona libre para la depredación del medio ambiente.

El riesgo concreto, según señalaron desde la Alianza de Alta Mar conformada por más de 40 ONG ecologistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es que la mayor biosfera del planeta Tierra, enfrente un proceso de extinción debido a las malas prácticas pesqueras o de elaboración, a las explotaciones de recursos minerales extractivos y por la contaminación por plásticos.

Según la UNESCO, hacia fines del siglo XXI, cerca de la mitad de todas las especies marinas estarán amenazadas de extinción si no se llegan a acuerdos sustanciales entre las naciones.

Acuerdos para firmar un Tratado Global Oceánico que han fracasado en reiteradas oportunidades, ya se realizaron cinco rondas de negociaciones infructuosas desde el año 2018 para proteger la biodiversidad marina en zonas de aguas internacionales, porque en definitiva existen muchos intereses en juego y la necesidad de muchos países de asegurar alimentos para sus poblaciones.

Estamos hablando de recursos oceánicos que no solo abastecen de proteínas a los pobladores costeros, sino a cerca de 3.000 millones de habitantes de todo el mundo. La industria marina genera un valor de 3 billones de dólares anuales, lo que representa el 5% del Producto Interno Bruto mundial, o sea, la medida por la que se contabiliza la riqueza que se produce entre todos los países del orbe.

En ese sentido, la regulación existente en las denominadas “aguas de nadie” porque están ubicadas más allá de las 200 millas marinas desde las costas que están protegidas por los Estados soberanos, es escasa o se ha quedado corta.

Hace 40 años se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) que puede compararse con una Constitución nacional solo que en este caso para los océanos. En la actualidad, 51 gobiernos y un número similar de asociaciones científicas vuelven a sentarse para negociar un acuerdo complementario.

El Tratado Global de los Océanos intentará cubrir el vacío legal de la Convemar con respecto al tema de la biodiversidad marina ubicada en zonas que no forman parte de la jurisdicción de los países que tienen potestad hasta las 200 millas marinas. Se trata de crear una normativa para tres cuartas partes de las aguas oceánicas que no cuentan con protección legal.

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Negociaciones de última hora para alcanzar un acuerdo

Hasta el 3 de marzo existe la posibilidad de acercar posiciones en torno a temas acerca de los cuales no hay consenso absoluto en la actualidad.

El común denominador, que se encuentra en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de la ONU, ocho objetivos acordados en 2015 por 192 miembros de las Naciones Unidas y una serie de organizaciones internacionales con el fin de terminar con la pobreza, es que para 2030, se proteja al menos el 30% de estas “aguas de nadie”.

Aguas de nadie o aguas compartidas son dos maneras de caracterizar una zona enorme que necesita de algún mínimo acuerdo para que no se convierta en una jungla donde cazadores de todo el mundo se sientan a sus anchas. De hecho, la consigna de la reunión de la ONU del 15 al 16 de agosto de 2021 que termino en fracaso fue cómo hacer que las aguas de nadie se conviertan en las de todos.

La ex copresidente del Grupo de Trabajo Especial de la ONU sobre Diversidad Biológica, Palitha Kohona, señaló que las dificultades para alcanzar compromisos sobre cuestiones clave como la financiación y la distribución de los beneficios monetarios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos ha impedido la conclusión y cierre del instrumento jurídico vinculante.

Y la cuestión es monetaria. Los países desarrollados del hemisferio norte siguen sin proponer una ayuda significativa a los países en vías de desarrollo del hemisferio sur que se verían impedidos de generar prosperidad económica a sus poblaciones.

“Si bien la conservación de la diversidad biológica marina es una prioridad para el mundo, y es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS,) a completarse también en 2030, el mundo en desarrollo considera, con bastante justificación, que también debería tener acceso a la riqueza que se espera que fluya de la explotación de los recursos genéticos marinos”, afirmó la experta.

Los ecologistas de Greenpeace son los más determinados a no realizar concesiones a las industrias pesqueras y extractivas. Desde sus oficinas sugieren crear santuarios marinos.

Documentos de Greenpeace Argentina señalan que “este pacto mundial determinaría las bases para que se generen e implementen una red de santuarios marinos en diferentes lugares del planeta. Estos santuarios brindarían un refugio seguro para que la flora y fauna marina se recuperen de los efectos del impacto humano en el ecosistema marino. En estas áreas podría prohibirse la pesca industrial y la extracción de petróleo y gas, entre otras actividades destructivas”. E identifican una zona cercana a nuestras costas al señalar que un santuario podría estar ubicado en el denominado “Agujero Azul”.

Una zona de aguas internacionales ubicada a unos 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge, en la Patagonia. Este sitio, según señalaron, cumple “un rol ecológico central dentro de los océanos globales, porque proporciona áreas clave para el desove de peces y alimentación de mamíferos marinos y aves que se alimentan y migran a través de esta zona”.

Pero entre las objeciones de países centrales del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, Japón o China, se encuentra la explotación de los recursos genéticos marítimos.

La preocupación es por el posible reparto de beneficios que generan industrias como las farmacéuticas, químicas y cosméticas que invierten millonarias sumas para realizar exploraciones y encontrar moléculas que sirvan de base para nuevas fórmulas cosméticas y farmacológicas que terminan siendo patentadas.

Los desacuerdos continúan y el esquema de tiempo para alcanzar un acuerdo está desajustado.  El objetivo de lograr para 2.030 una protección jurídica del 30% de la superficie de alta mar está en riesgo y, se esperan ofertas más generosas de los países desarrollados, para poder formalizar un Tratado que involucre a las 193 naciones anotadas en la ONU.