La Fiscalía General de Colombia inició una investigación sobre la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro denunciados recientemente y que, aunque fueron negados por el mandatario, provocaron una crisis de gobernabilidad.

La crisis surgió en medio de un escándalo por la filtración de unos audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, enviados a la antigua jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia.

En las grabaciones se escuchan afirmaciones que sugieren, según políticos opositores, la financiación ilegal de la campaña que llevó al poder en el 2022 al mandatario. El ex embajador aseguró que los audios fueron manipulados.

"El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego", dijo un comunicado de la Fiscalía General.

"Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar", precisó el documento.

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Benedetti y Sarabia salieron del Gobierno la semana pasada por un primer escándalo relacionado con supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones a dos empleadas de la ex jefe de gabinete y abuso de poder después de un aparente robo de dinero.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, impulsa ante el Congreso una reforma a la salud, una laboral y otra al sistema de pensiones, que se encuentran sin avances en el Congreso, que podría rechazarlas y archivarlas en medio de las denuncias de posibles irregularidades en la financiación de su campaña.

El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General, que investiga posibles delitos de los funcionarios públicos y puede sancionarlos con destitución de sus cargos, también investigan las eventuales irregularidades en la campaña electoral.

Adicionalmente, Petro enfrenta denuncias por el mismo caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el organismo encargado de investigarlo por su fuero presidencial.

De todas maneras, el mandatario solo puede ser investigado y eventualmente destituido de su cargo por el Congreso.