El Congreso del Perú se apresta a solicitar la inhabilitación política durante cinco años para el presidente Pedro Castillo, a quien acusa por presuntas infracciones a la constitución y "traición a la Patria", esto último por propiciar una salida al mar de Bolivia.

Castillo se ve acosado además por investigaciones a su esposa y cuñada, por lo que acusó al Congreso, la Fiscalía y varios medios de comunicación de confabularse para desestabilizar el orden democrático y llamó al pueblo a unirse en defensa del Estado de derecho.

Este martes el medio local 'Epicentro TV' reveló un informe presentado por el congresista Wilson Soto, principal impulsor de la inhabilitación política de Castillo, tras unas declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia.

El documento sería entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, precisó el sitio France24.com

En el informe de 89 páginas se explica que Castillo habría hecho declaraciones que "no encarnan el deseo de la Nación", luego de señalar su intención de consultar a los peruanos sobre si se le debería dar salida al mar al país vecino.

En una entrevista en enero de este año, el periodista Fernando del Rincón de la cadena 'CNN' le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.

"No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera", dijo el primer mandatario a comienzo de año. 

Lo que argumenta Soto

Por su parte, el congresista Soto aseguró el presidente formuló declaraciones sin pensar que "el territorio nacional es inalienable e inviolable y estimó que ello vulneraría mandatos constitucionales, como los denunciados y analizados, poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar".

La defensa de Castillo rechazó vigorosamente el informe presentado por Soto:  "Tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio", opinó el abogado Benjo Espinoza.

¿Castillo cometió un delito?

El delito por el que el presidente peruano es acusado, se encuentra consignado en el artículo 325 del Código Penal del Perú y, según Soto, fue cometido en grado de tentativa.

Al conocerse la propuesta, la legisladora Gladys Echaíz, del partido ultraderechista Renovación Popular, se declaró a favor de la denuncia contra Castillo, porque según ella, es un hecho grave.

"No estamos tras la persecución de una persona, simplemente analizamos hechos, verificamos comportamientos y aplicamos el ordenamiento legal", expresó Echaíz.

Frente a las declaraciones de Castillo, el Gobierno boliviano reaccionó inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fredy Mamani Laura, celebró la "predisposición" de Castillo por tener la intención de realizar la consulta.

Bolivia perdió acceso al mar, entre el desierto de Atacama y los valles de Moquegua, en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883.

Los aliados Perú y Bolivia se enfrentaron en contra de Chile dando como resultado el aislamiento de Bolivia frente al océano. 

Desde 1992, Perú le cedió una playa de 20 kilómetros a Bolivia, la cual se puede recorrer en su totalidad en 20 minutos en auto y se encuentra a 462 kilómetros de La Paz. Esta salida al mar se denomina Bolivia Mar o Boliviamar, sin embargo, está abandonada por parte de los dos Estados.

El incierto futuro de Castillo al mando

El nivel de desaprobación del exprofesor llega al 76%, la peor cifra desde que asumió el mando hace poco más de un año, siguió el informe del canal francés.

Actualmente, el mandatario peruano afronta cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía por casos de presunta corrupción, delitos de organización criminal o tráfico de influencias, entre otras.

Para que la propuesta presentada este martes prospere y sea un hecho, debe ser evaluada y votada por la Subcomisión de Acusaciones  Constitucionales.

En caso de ser aprobada, el Congreso tendrá que pasar a debatirla para tomar la última decisión.