El Gobierno de España aprobó este martes en el Consejo de Ministros los indultos para nueve líderes independentistas catalanes que están cumpliendo penas de entre nueve y 13 años de prisión por su participación en el referéndum unilateral de autodeterminación celebrado el 1º de octubre de 2017 en Cataluña.

En una declaración institucional, sin preguntas de los medios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que su concesión obedece a la "necesidad de restablecer la convivencia".

"Es lo mejor para Cataluña y para España y lo más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución española", afirmó Sánchez.

El mandatario defendió que con esta medida no espera que las personas cambien sus ideas: "Una democracia fuerte como la española no pide a nadie que cambie sus ideas pero sí que se defiendan en el marco legislativo", dijo.

Los indultos parciales, justificados por el Consejo de Ministros por motivos de utilidad pública y para propiciar el reencuentro con la sociedad catalana, como adelantó Sánchez, fueron concedidos a:

  • Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos.
  • Raül Romeva, ex consejero del Gobierno catalán condenado a 12 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos.
  • Jordi Turull, ex consejero condenado a 12 años de cárcel y de inhabilitación por los mismos delitos.
  • Dolors Bassa, ex consejera condenada a 12 años de prisión y de inhabilitación por los mismos delitos.
  • Carmen Forcadell, ex presidenta del Parlamento de Cataluña condenada a 11 años de cárcel.
  • Joaquím Forn, ex consejero condenado a 10 años y seis meses de cárcel.
  • Josep Rull, ex consejero condenado a 10 años y seis meses de prisión.
  • Jordi Sánchez, ex presidente de la organización civil Asamblea Nacional Catalana, condenado a nueve años de prisión.
  • Jordi Cuixart, presidente de la asociación Òmnium Cultural, condenado a una pena de nueve años de cárcel.

Los indultos individualizados concedidos este martes perdonan el resto de la pena privativa de libertad que les quedaba por cumplir, pero no así la inhabilitación para ocupar cargo público. Además, se trata de unos indultos condicionados, es decir, que se anularían si los afectados volvieran a cometer algún delito grave, informó el portal RT en Español.

Los indultos serán publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y a partir del jueves se abre el periodo para la presentación de recursos, que se espera que sean interpuestos por las formaciones conservadoras del Parlamento.

Los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo deberán decidir sobre la legitimidad de Vox y del Partido Popular (PP) para recurrir la decisión del Ejecutivo. Además, sus escritos previsiblemente incluirán la petición de medidas cautelarísimas, que si fueran aceptadas frenarían la excarcelación de los indultados hasta que se resolviese el fondo del asunto.

Así mismo, la formación de ultraderecha Vox ha anunciado que irá más allá de los recursos y que presentarán querellas contra cada uno de los ministros firmantes de esta medida de gracia en el seno del Consejo de Ministros.

Por otro lado, tanto sindicatos como patronales del ámbito estatal y catalán, así como la Conferencia Episcopal de Cataluña o el Consejo de Europa, se mostraron a favor de la medida aprobada como un paso más para alcanzar de nuevo la normalidad en la región y para lograr una mejora en la convivencia.

Por otro lado, las medidas de gracia aprobadas por el Gabinete de Sánchez no tienen ningún efecto en la situación de Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña en la época del referéndum, y de otros ex miembros de ese Ejecutivo regional que se encuentran en el extranjero para eludir las acciones de la Justicia española.

Es por ese motivo que una parte del sector independentista catalán rechaza los indultos por considerarlos una medida muy precaria y exigen una amnistía que dé también cobertura a los políticos que residen en otros países europeos y a cientos de personas que enfrentan procesos judiciales o multas por su participación en la consulta ilegal de 2017.