En los últimos días, el Gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas llegaron a un acuerdo para poner fin a las protestas sociales que enfrentaban desde hacía más de dos semanas. Con la renuncia de tres ministros y la suspensión definitiva del trámite de revocación de mandato del presidente Guillermo Lasso, habrá una nueva reunión en Quito este jueves para definir cómo sigue la negociación.

Lasso se vio obligado a aceptar la renuncia de los titulares de Economía, Salud y Transporte ya designó a sus reemplazantes. En un comunicado oficial se indicó que Lasso aceptó las dimisiones de Simón Cueva (Economía y Finanzas), Ximena Garzón (Salud Pública) y Marcelo Cabrera (Transporte y Obras Públicas). Asimismo, el gobernante aceptó la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira.

Este jueves se determinará la metodología de trabajo del diálogo, determinarán los temas a tratar y se trazará una hoja de ruta con los pasos a seguir durante los 90 días establecidos en el acuerdo.

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Tras firmarse el “Acta por la paz” el 30 de junio, que permitió terminar con 18 días consecutivos de movilizaciones, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso comenzó a poner en práctica lo acordado. Sus primeras acciones fueron concretar los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.

De esta manera el mandatario conservador redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).

Las organizaciones indígenas y campesinas que promovieron las protestas aceptaron finalmente esta rebaja pese a que su demanda era desde un inicio que se rebajasen a 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, precios que tenían estos combustibles un año atrás. AdemásLasso también cumplió el viernes con derogar el decreto 95 que promovía la actividad petrolera, una de las principales exigencias del movimiento indígena.

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En ese marcó, también se exigía la derogatoria del decreto 151 sobre minería, pero finalmente aceptaron que el Gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas, zonas arqueológicas y territorios ancestrales.

Otra importante demanda será que durante los próximos tres meses se deberá instalar una mesa entre el Gobierno y el movimiento indígena y campesino para tratar el resto de puntos del pliego de la demanda, como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 10.000 dólares.

Por las manifestaciones, que iniciaron el lunes 13 de junio, fallecieron 6 personas y alrededor de 500 resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.