Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron prohibirle a la compañía nacional bielorrusia Belavia usar el espacio aéreo del bloque continental y aterrizar en sus aeropuertos.

Asimismo, se comprometieron a ampliar la lista de sanciones a Bielorrusia, actualmente conformada por 88 personas y 77 entidades, entre ellas al presidente Alexander Lukashenko.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la decisión de congelar 3.000 millones de euros ya aprobados para proyectos de cooperación con Bielorrusia, como primer paso para “hacer entender a Alexander Lukashenko las severas consecuencias” que tiene el secuestro del avión de la compañía irlandesa Ryanair”. 

Los líderes comunitarios, como el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, calificaron el desvío de la aeronave como un “acto de terrorismo” y reclamaron la liberación inmediata e incondicional del periodista disidente, Roman Protasevich, quien viajaba junto a 170 pasajeros de 12 nacionalidades diferentes en el vuelo de Ryanair que había salido de Atenas.

Cuando atravesaba el cielo bielorruso, la tripulación fue informada de que había una bomba a bordo, de modo que la obligaron a realizar un aterrizaje forzoso en Minsk, como excusa para atrapar a Lukashenko.  

Como puede comprobarse en el servicio Flightradar, el aparato se encontraba ya cerca de la frontera con Lituania y se preparaba para comenzar el descenso y aterrizar, cuando tuvo que virar y tomar tierra de forma urgente en Minsk, obligado por un avión de combate MIG-29.

La radio Eco de Moscú aseguraba que las autoridades del aeropuerto bielorruso habían recibido información sobre una posible bomba a bordo de dicho avión, una excusa para conseguir callar a Protasévich. 

Después, el avión despegó para retomar su curso pero ya sin su presencia. 

Además de sancionar a la aerolínea bielorrusa, varios gobiernos y compañías aéreas europeas incluyeron este lunes el espacio aéreo bielorruso en la lista negra, y está a consideración de la comisión una suspensión de sobrevuelos del territorio de Bielorrusia por parte de todas las compañías europeas. 

Inclusive, países como Polonia y la propia Lituania pidieron la prohibición de que los trenes bielorrusos salgan del país hacia Occidente.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, calificó de "acto de terrorismo de Estado" la detención del opositor Roman Protasevich por parte de Bielorrusia, en unos términos confirmados por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento alemán, Norbert Röttgen. 

El Gobierno alemán se ha sumado a la condena en términos también muy firmes. El ministro federal de Exteriores, Heiko Maas, exigió la liberación del opositor bielorruso y ha destacado la irregularidad del procedimiento.

La indignación internacional ante el atropello se reflejó en una solicitud a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) que enviaron varios países para que abra una investigación sobre lo sucedido. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio una declaración de apoyo “a los pedidos de una investigación completamente transparente e independiente sobre este inquietante incidente”, y que se urja “a todos los actores a cooperar en dicha investigación”, según indicó su portavoz Stéphane Dujarric.

Irlanda y Francia calificaron de "piratería" de Estado el desvío del avión. 

En la misma línea, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, consideró que este "acto de piratería de Estado (...) no puede quedar impune".

En declaraciones a la radio RMC, Beaune sugirió que se prohíba sobrevolar el espacio aéreo bielorruso, lo que supondría "menos ingresos para el régimen bielorruso", al perder una "parte de las tasas aéreas" abonadas al país.

Por su parte, la diplomacia rusa se dijo este lunes sorprendida por las acusaciones occidentales contra Bielorrusia.

La portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, subrayó en ese aspecto que los países occidentales han sido culpables en el pasado de "secuestros, aterrizajes forzosos y detenciones ilegales".

El periodista bielorruso, Román Protasévich, para cuya detención el dictador Aléxander Lukashenko urdió la excusa de que el avión en el que viajaba estaba lleno de explosivos y hasta empleó un avión de combate para obligarle a aterrizar en el aeropuerto de Minsk, jugó un papel crucial, no solo en la cobertura de las protestas contra Lukashenko, sino también en la organización de las movilizaciones.

El activista y periodista permanecía en el exilio en Lituania desde 2019, donde se le concedió asilo político cuando fue acusado por la KGB Bielorrusa de delitos como la organización de disturbios y acciones colectivas que vulneran gravemente el orden público. También se le acusa de cometer acciones deliberadas destinadas a incitar la enemistad social.  

Además, el pasado noviembre de 2020 fue incluido en la lista de personas involucradas en actividades terroristas.

Se desempeña como director del canal de Telegram Nexta, una plataforma que ha adquirido gran relevancia para la sociedad civil tras el cierre y la represión de los medios independientes por parte del régimen bBielorruso, lo mismo que en la organización y convocatoria de diferentes protestas contra Lukashenko.

En Polonia revistan como exiliadas Pável Latushko, la líder del movimiento Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania, y Valerí Tsepkalo, que vive actualmente en Letonia y desde ahí lleva a cabo su actividad opositora.