Ordenaron la captura internacional del jefe militar de Bolivia durante el gobierno de Áñez
El país vecino pidió que intervenga Interpol. Sergio Orellana huyó con rumbo a Colombia. Se lo investiga por la represión en Sacaba.
Las autoridades de Bolivia informaron que solicitarán a la Interpol ayuda para localizar a Sergio Orellana, quien se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Jeanine Áñez. La decisión se toma luego de que se conociera que abandonó el territorio nacional en noviembre del 2020 y se trasladó a Colombia.
Es investigado por los hechos violentos ocurridos en la ciudad de Sacaba en el 2019, durante las protestas tras la salida forzada de Evo Morales. El último 26 de febrero debió haberse presentado a declarar ante la fiscalía. Al respecto, el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, aseguró a fines de 2019 que los principales involucrados en lo que considera un golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata.
Morales, quien había sido forzado a renunciar a su cargo el 10 de noviembre de aquel año, destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones.
La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez rechazó entonces el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.
"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter. "Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", había anunciado.
Un extenso informe de la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019 a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto.