El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva anunció este martes un nuevo decreto que establece que al menos el 30 por ciento de todos los Cargos Comisionados Executivos/CCE y las Funciones Comisionadas Ejecutivas (FCE) en la administración pública federal directa, autárquica y fundacional de Brasil deben ser ocupados por personas de color.

La medida pretende fortalecer las acciones afirmativas del gobierno hacia la igualdad racial al valorar la diversidad racial dentro de la administración pública. Además, el decreto incentiva la presencia de personas negras en posiciones de liderazgo y toma de decisiones, considerando su rol en el desarrollo e implementación de políticas públicas enfocadas a todos los segmentos de la sociedad.

"Lo que este Gobierno realizará en los próximos cuatro años será el desdoblamiento de lo que hicimos cuando creamos, el 21 de marzo de 2003, la Secretaria Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial", dijo Lula, durante la presentación, realizada en el Palacio de Planalto, en la ciudad de Brasilia.

Por regla general, las personas negras son aquellas que se declaran negras o pardas, según el ítem de color o raza utilizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE), y cuyos rasgos fenotípicos los caracterizan como tales.

El decreto establece que la administración pública de Brasil debe ocupar estas vacantes mínimas estipuladas antes del 31 de diciembre de 2025.

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El Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/MGI) y el Ministerio de Asuntos Raciales del país Igualdad (Ministério de Igualdade Racial/MIR) debe establecer metas intermedias para cada grupo de niveles de CCE y FCE estipulados por el decreto. También podrán establecer metas específicas para cada órgano o entidad a fin de alcanzar los porcentajes establecidos. Junto a una ocupación mínima de personas negras, también se debe observar la paridad de género para cada grupo de niveles.

En cuanto a los restantes cargos de confianza pública, ambos ministerios deberán establecer la ocupación mínima de estos cargos y funciones, así como la forma de monitorear dicha ocupación. El criterio racial no debe tenerse en cuenta cuando exista una ley específica sobre selección de ocupantes de cargos públicos de confianza.

El decreto afirma, también, que en caso de denuncias por irregularidades en la autodeclaración, se instalará una comisión de heteroidentificación para verificar los hechos y respetar el derecho a la plena defensa. Las denuncias deben realizarse preferentemente en la plataforma Fala.BR, o por medio de un sistema integrado en ella.