El Gobierno de Bolivia denunció ante los embajadores acreditados en ese país que el ex presidente Evo Morales (2006-2019) pretende poner en riesgo la estabilidad democrática del país mediante la amenaza de un bloqueo nacional de caminos. 

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, declaró a los periodistas que Morales estaría utilizando un ultimátum al presidente Luis Arce para forzar su candidatura presidencial, lo que desencadenaría una grave crisis económica y social.

Durante una reunión con embajadores y representantes de organismos internacionales en La Paz (oeste), Prada expuso las implicaciones del bloqueo nacional de caminos, anunciado por Morales desde el 30 de septiembre. Esta medida, advirtió, asfixiaría la economía del país y afectaría gravemente a las familias bolivianas. "El plan es cercar ciudades, privar a las comunidades de alimentos y combustible, y con ello poner en jaque al Gobierno democráticamente elegido", agregó Prada.

El Gobierno asegura que esta presión no es más que un intento desesperado de Morales por imponerse como candidato presidencial en las elecciones de 2025. La ministra recordó que esta estrategia fue denunciada previamente, y que el exmandatario está dispuesto a recurrir a medidas extremas, como el cerco económico, para lograr sus objetivos políticos.

Las tensiones escalaron después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazara el congreso partidario del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) celebrado en octubre de 2023, donde Morales fue proclamado candidato y presidente de esa formación. Sin embargo, los seguidores del exmandatario, como el líder campesino, Ponciano Santos, insisten en responsabilizar al TSE por los bloqueos previstos. Santos llegó a advertir de una posible "guerra civil" si Morales no es habilitado como candidato, profundizando la polarización política en el país.

El Gobierno de Luis Arce ya convocó dos veces al cuerpo diplomático para exponer esta situación, señalando que Morales está dispuesto a desestabilizar al país para cumplir sus ambiciones políticas.

La comunidad internacional recibió con preocupación estas denuncias, especialmente ante el riesgo de un colapso económico y una escalada de violencia que podría desencadenar tensiones políticas y sociales en Bolivia. En este contexto, el Gobierno boliviano instó a los organismos 
internacionales a monitorear de cerca la situación, alertando sobre la posibilidad de que la democracia del país se vea gravemente amenazada en los próximos días. 

Evo Morales se corrigió

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), corrigió las declaraciones polémicas respecto al ultimátum dado al presidente Luis Arce para que en el plazo de 24 horas destituyera a varios de sus ministros si quería mantener el Gobierno, al aclarar que lo que busca con ello es que se mejore "la gestión". Morales aclaró en conferencia de prensa desde la ciudad central de Cochabamba que su exigencia no busca desestabilizar al Gobierno de Arce, sino "mejorar la gestión" del Ejecutivo.

"Dijimos cambiar ministros para mejorar la gestión, no estamos diciendo fuera Lucho (...) lo que hemos pedido claramente es que renuncien los ministros corruptos", precisó, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Expresó su molestia por lo que considera un acto de discriminación, al haber sido convocado a una reunión de diálogo con Arce en el Ministerio de Educación, en lugar de la Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia, en la ciudad de La Paz. El cambio de tono del exmandatario boliviano se produce después de que el Gobierno de Arce presentó una denuncia formal ante la comunidad internacional, al acusar a Morales de "amenazar" el orden democrático con el ultimátum.