Una causa judicial iniciada en 2017 por diputados del kirchnerismo es la principal razón por la que Luis Caputo aún no dejó que se oficializara el trabajo de ministro de Economía que de hecho ya empezó a cumplir.

La designación, que incluso ya desencadenó el alejamiento de Emilio Ocampo y Carlos Rodríguez -dos de los principales economistas que asesoraban a Javier Milei-, todavía no fue confirmada por la Oficina del Presidente Electo, a pedido de Caputo, quien duda en asumir formalmente.

Caputo fue secretario de Finanzas y luego presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según trascendió, el problema para que dé el visto bueno a un anuncio oficial es que durante el gobierno de Cambiemos su familia sufrió escraches de la oposición, mientras que Caputo terminó denunciado en varias "causas" ante la justicia federal.

La que más le preocupa es una en la que lo acusaron de no consignar en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción el hecho de que trabajó para fondos que invertían en bonos de la deuda argentina en default.

Esa acción judicial es tramitada por el juez Julián Ercolini y el fiscal es Carlos Rívolo.

En 2017, diputados del kirchnerismo lo acusaron de los presuntos delitos de "omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos".

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Fue a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Panamá Papers, que filtró documentos que indicaban que Caputo manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, hedge fund registrado en Caimán para comprar bonos de alto riesgo en países emergentes.

Caputo también fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware.

Además, también sigue imputado en otra investigación por la emisión de un bono a cien años, que podría haber constituido una “conducta delictiva en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, según los denunciantes.

El bono a 100 años generó una fuerte polémica durante el gobierno de Macri, ya que se trata del título a más largo plazo en la historia del país.

Fue colocado por los bancos Santander, Nomura, HSBC y Citibank por un monto de USD 2.750 millones, con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento de 7,9% anual.

Por ahora, Caputo decidió ponerse a disposición del nuevo gobierno con el fin de desarmar la “bola de las Leliq”, el endeudamiento sin precedentes por parte del Banco Central ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández, quien curiosamente había hecho campaña electoral prometiendo eliminar esas letras para darle el dinero de los intereses a los jubilados. No sólo no las eliminó, sino que las multiplicó varias veces.

El propio Milei ya planteó la necesidad de encontrar una “salida de mercado” para el problema de los pasivos remunerados del Banco Central que continúan creciendo a un ritmo exponencial y ya superan los 23 billones de pesos.

Según lo que indicó Caputo a los banqueros en la reunión de este viernes, el próximo titular del Palacio de Hacienda no podrá afectar la propiedad privada, a través de lo que podría ser un nuevo Plan Bonex que intercambie depósitos en pesos por títulos a más largo plazo, como pasó en 1990 durante el gobierno de Carlos Menem.

Además, como Milei pidió que cualquier medida sea de tipo voluntario, no forzado, llevó tranquilidad al sistema financiero.