La Argentina tuvo un desarrollo "insuficiente", que derivó en la duplicación de los índices de pobreza entre la década del ´80 y la actualidad hasta llegar al 40%, por lo que es necesario libertar las fuerzas del sector privado para incrementar las exportaciones y ganar nuevos mercados, y respetar las instituciones de la República.

Esas son algunas de las claves del documento difundido hoy por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En el trabajo, que entre otros firman Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Perez Companc (Perez Companc), loos empresarios buscan llegar con su mensaje a los principales candidatos que buscan la Presidencia.

Criticaron el “deterioro” del debate legislativo por el clima generado por la grieta y cuestionaron las embestidas contra el Poder Judicial, más específicamente contra la Corte Suprema, hoy bajo ataque del kirchnerismo. Hablaron además de una “degradación” de la seguridad en el país, y reclamaron un Estado profesional y autónomo.

“Es también fundamental el rol que desempeña el Poder Judicial, y en particular, la Corte Suprema de Justicia. Este es garante de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución Nacional. Es preciso recuperar la atmósfera de convivencia y respeto hacia la administración de Justicia y en particular hacia la Corte Suprema”, precisaron.

No es un dato menor en una semana en la que esos jueces echaron a la jueza Ana María Figueroa, cercana a Cristina Kirchner.

“La inflación ha vuelto a alcanzar niveles de extrema gravedad”, advirtieron, y reclamaron una macroeconomía estable y previsible, en base a políticas fiscales y monetarias consistentes, y un equilibrio de las cuentas públicas.

Criticaron la emisión “espuria” en el Banco Central (BCRA) y pidieron evitar el endeudamiento “excesivo”. Alertaron por la “injerencia” de los gobiernos en la toma de decisión de las empresas privadas, sobre la “elevadísima” presión tributaria en la Argentina y exigieron el reconocimiento de la “legitimidad” de la rentabilidad empresaria. Calificaron de “ineficaces” los controles de precios, cuestionaron las trabas al comercio y los tipos de cambio múltiples, y aconsejaron una reforma laboral.

A eso sumaron un reclamo por la eliminación de los impuestos a las exportaciones (retenciones), más apertura comercial, pero “con resultados equilibrados”, y “rentabilidad razonable” para las empresas de servicios públicos en el marco de reglas claras y estables en el tiempo que estimulen la inversión, el motor del crecimiento. Hubo además un capítulo para la educación: exigieron cumplir con los días de clases en los colegios y formar a los docentes. Todo enmarcado en una “amistad cívica” que –escribieron– debe primar por sobre la “dialéctica hostil”.

El documento fue firmado también por Eduardo Elsztain (IRSA), Julio César Saguier (LA NACION), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (IADT), Norberto Morita (Southern Cross Group), Marcos Galperin (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud), Martín Migoya (Globant), Charlie Blaquier (Ledesma) y Mariano Bosch (Adecoagro).

También participaron Alberto Grimoldi (Grimoldi), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza); Zsolt Agárdy (Ángel Estrada & Cía), Roberto Alexander (IBM Argentina), Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Brandi (Petroquímica Comodoro Rivadavia), Alejandro Butti (Banco Santander), José Cartellone (José Cartellone Construcciones Civiles), Martín Castelli (Blue Star Group), Eduardo Costantini (Consultatio), Claudio Cunha (Grupo Enel), Enrique Duhau (Administración Enrique Duhau), Julio Figueroa (Citi), Luis Fontana (OSDE), Sergio Kaufman (Accenture), Teófilo Lacroze (Raízen), Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen), Santiago Mignone (PWC), Roberto Nobile (Telecom), Alec Oxenford (Alpha Capital, OLX, Letgo), Pablo Roemmers (Laboratorio Roemmers), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Amadeo Vázquez, Gustavo Salinas (Toyota) y Matías Videla (Cencosud).

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Aconsejaron también generar las condiciones que “estimulen la inversión” y reconocer “la rentabilidad como un instrumento central de la actividad empresaria”.

Con relación a esto último, dijeron: “Es vital asegurar la libertad de precios, ya que las intervenciones gubernamentales sobre ellos generan desincentivos a la inversión y a la acción empresaria”. En la síntesis pidieron luego una “actualización de las normas laborales” para poder generar más puestos de trabajo formales.

El documento, “especialmente” pensando para la dirigencia, señaló las oportunidades del país para desarrollar el sector energético –citó a Vaca Muerta–, la minería, la pesca, la generación de energías renovables, el sector agropecuario, la industria y la economía del conocimiento, en un marco global que abrirá oportunidades para las empresas argentinas. Esto, escribieron los empresarios, si se pueden sortear los “desafíos” que todavía “persisten” en el país.

“La regla de oro en el fortalecimiento de las instituciones económicas consiste en consolidar una macroeconomía estable y previsible, cuyo centro vital es la legitimidad de la moneda”, indicaron, sin mencionar la dolarización que se propone en algunos espacios políticos que pelean por la presidencia.

“Ello significa implementar políticas fiscales y monetarias consistentes. En el terreno fiscal, es imprescindible equilibrar las cuentas públicas tradicionalmente deficitarias. Por su parte, una política monetaria responsable, a cargo de un Banco Central independiente, debe evitar la emisión monetaria espuria", señalaron.

Pidieron además adoptar "medidas orientadas a reducir la participación del gasto público en el PBI, lo que redundará en la mayor eficiencia en el uso de los recursos y en el nivel de competitividad general de la economía. Ello, a su vez, contribuirá a evitar el endeudamiento excesivo utilizado con frecuencia para cubrir los déficits corrientes del Estado", señalaron.

Y reclamaron terminar con la “elevadísima” presión tributaria y con los impuestos “distorsivos”.

En medio de controles de precios, impuestos a las importaciones y anticipos compulsivos a las empresas, reclamaron una menor “injerencia” estatal y “respeto a la propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias”.

Los hombres y mujeres de negocios escribieron sobre el riesgo empresario y, luego de los informes del Ministerio de Economía sobre la rentabilidad excesiva de las empresas y en medio de la brecha cambiaria que azota al país, cuestionaron no sólo que la misma es legítima, sino que es “absolutamente necesaria para motorizar un fuerte proceso inversor”.

“La extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios por parte de los Gobiernos indica que son totalmente ineficaces para eliminar la inflación. En efecto, dicha manipulación discrecional de los precios agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión”, dijeron, y estimaron sobre el drama de las SIRA y demás distorsiones: “Es imprescindible facilitar las transacciones comerciales y financieras internacionales, evitando la imposición de controles en la operatoria con divisas, así como terminar con los múltiples tipos de cambio del peso nacional con las principales monedas”.

Avanzaron, por otra parte, con la necesidad de una reforma laboral. “Para favorecer la creación y mantenimiento de los empleos en el sector privado formal es imprescindible adoptar todas las medidas que faciliten la incorporación de trabajadores por parte de las empresas. Ello requiere un diálogo con los diferentes actores sociales sobre la necesaria actualización de las normas laborales, teniendo en cuenta las muy variadas condiciones socio-económicas de la población y las disímiles realidades regionales y sectoriales”, estimaron los empresarios.

“Los impuestos que gravan las exportaciones son particularmente negativos para el crecimiento económico”, señalaron, y pidieron aprovechar el acuerdo UE-Mercosur, pero “con un criterio de reciprocidad”.

También reclamaron reglas claras en los sectores para promover las inversiones necesarias en infraestructura y marcos normativos que den certidumbre.

“Los marcos regulatorios para las empresas de servicios públicos deben permitir que operen eficientemente y puedan mantener o mejorar la calidad de las prestaciones, teniendo la posibilidad de financiar las inversiones y el crecimiento necesario para abastecer la demanda, obteniendo una rentabilidad razonable y asumiendo los riesgos empresarios inherentes a cualquier actividad económica", señalaron.