La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó a US$ 3.000 el monto por envío por Courier para pequeñas y medianas empresas que importen insumos para la producción. Las firmas que utilicen este mecanismo podrán hacerlo hasta cinco veces por año calendario, lo que amplía su capacidad de compra en el exterior a US$ 15.000.

La medida es en respuesta al reclamo de sector por las trabas que encuentran para acceder a los elementos que necesitan para mantener su aparato productivo funcionando sin paradas.

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El tope de envío por Courier para las demás actividades se mantiene en US$ 1.000.  

La medida fue puesta en vigencia a través de la Resolución General Nº 5288 de la AFIP que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.   

La resolución establece que las mercaderías a importar deben estar destinadas a operadores inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, previsto en la ley N° 24.467. Además dicha inscripción deberá ser acreditada por las cámaras empresariales de cada sector ante la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Nosotros habíamos tomado la decisión de volver el cupo de Courier hasta los US$ 1.000 porque habíamos detectado muchas irregularidades, pero fue una medida generalizada, que quizá no atendía cuestiones particulares de las pymes”, señaló el  titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, al anunciar la medida.

Michel habló ayer en el Congreso de Industriales Pymes Argentinos donde anticipó la decisión oficial.

De esta forma se busca agilizar la compra de insumos y repuestos de menor valor y que en muchos casos frenan el proceso productivo ante la imposibilidad de completar el producto final o la reparación de una máquina o automotor, entre otras cosas.

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Asimismo, desde ayer entró en vigencia el régimen de adelanto de hasta US$ 50.000 para importaciones de las empresas pymes.

Con estas medidas el gobierno busca fomentar mecanismos que agilicen la operación del sector y descomprima la presión sobre el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, reconoció que el SIRA aún “no está funcionando bien” debido a los cambios que se están ejecutando con relación al programa anterior, el SIMI.

Pero además de los procedimientos, los industriales mantienen sus quejas sobre los plazos de pagos que habilita el sistema, ya que en la mayoría de los casos un período de 180 días no es aceptado por los proveedores.