Los directivos de la empresa Terminales y Servicios S.A. que conduce Juan Manuel Ondarcuhu y su familia presentaron de manera formal sus planes para una nueva construcción portuaria, cuya inversión de 550 millones de dólares, incluye la construcción de muelles, silos y demás obras, para, una vez inaugurado, ofrecer servicios de recepción y distribución de fertilizantes, así como embarques de granos y subproductos de valor agregado diferenciados por calidad. 

Juan Manuel Ondarcuhu, titular de la firma, le presentó los detalles del proyecto, al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, en el quinto piso del Palacio de Hacienda donde se encuentran las oficinas de Luis Caputo y resaltó la importancia del contexto económico y político actual como impulso para encarar esta inversión. 

Ahora bien, se trata de un emprendimiento ambicioso que genera muchos interrogantes y el más llamativo para una gran cantidad de operadores portuarios del sector privado nacional es la millonaria cifra a invertir en la terminal portuaria. El origen de los fondos es una incógnita no revelada en la reunión sostenida con el secretario de industria y desarrollo productivo de la Nación, Juan Pazo. 

Fuentes consultadas por NA, en empresas portuarias y de logística de primera línea coincidieron en afirmar que se trata de “una cantidad de dinero difícil de reunir para inversores estrictamente nacionales y menos para uno solo”. 

Sin embargo, todo indica que así será, y, a pesar de los pocos detalles de la oficina de prensa de la Presidencia, la inversión la realizará la empresa Terminales y Servicios S.A. del histórico operador de la Terminal VI y VII del puerto de Rosario, Juan Manuel Ondarcuhu. 

Octogenario, aún al frente de los negocios junto a su hija, Juan Manuel Ondarcuhu es “un empresario de la vieja guardia estibadora y peronista con llegada a Juntos por el Cambio por los políticos de San Nicolás”, según un dirigente que tuvo funciones en la secretaría de vías navegables. 

Para muchos se trata de un dirigente que podría ser catalogado como “casta pura” en este sector de la economía porque, es cercano a la familia Passaglia dominante en la política de San Nicolás, sobrino y ahijado de Ismael Passaglia y primo del ex intendente de la localidad, Manuel Passaglia. El actual intendente es Santiago Passaglia, hermano de Manuel, auspiciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ondarcuhu fue investigado por el ex juez federal Rodofo Canicoba Corral en 2019 por el expediente de la naviera Maruba que conmocionó al ámbito naval nacional y terminó con el “Caballo” Omar Suárez del SOMU apresado para luego ser sobreseído en la causa principal. 

Sin embargo, no tendría el mote de integrante de la casta para Javier Milei porque tiene un vínculo estrecho con uno de sus diputados nacionales de confianza, Nicolás Mayoranz. 

El abogado y diputado, Mayoranz, representa a la provincia de Santa Fe y maneja el mega millonario negocio de la estiba en el puerto de Rosario, una de las estaciones portuarias más importantes del mundo por la cantidad de productos del agro que salen desde sus terminales. 

La estiba, actividad que se ocupa de la carga de los buques mercantes, siempre es codiciada por importantes empresas del sector portuario que deben trabajar junto al sector gremial de la actividad. 

Mayoranz se hizo fuerte en los negocios en Rosario luego del fin del reinado de Hermes Juárez de la cooperativa portuaria de puerto General San Martín que dirigió el negocio de la estiba durante décadas. Mayoranz, abogado y, hoy, diputado de Milei, tiene mucho poder en el puerto rosarino. 

En el sector agroexportador señalaron a NA que Mayoranz supo acordar con dos empresas para que se ocupen de la estiba obturando la libre competencia que debería defender como liberal. 

“En vez de ello, prefirió cartelizar la actividad habilitando a Servicios Portuarios, ligada a Juan Manuel Ondarcuhu, y a la empresa de ingeniería y montaje industrial Peitel, de Franco Orazi, que no tenía antecedentes en la actividad portuaria". 

De esta manera, el negocio continuó en pocas manos. La Cooperativa San Martín controla el 50% de la estiba y la otra mitad se la repartieron entre Servicios Portuarios y Peitel, que podría dejar la actividad para que Servicios Portuarios se haga cargo de su parte.