La Justicia Federal avaló nuevamente el sistema SIRA
Mediante un nuevo fallo, rechazó una cautelar presentada por una firma textil que pretendía saltear los controles para importar.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6 dio un fuerte aval al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y rechazó una cautelar presentada por la firma TEXCORE SRL que pretendía saltear los controles para importar.
En el marco del expediente 11386/2023, el juez resaltó que la documentación acompañada por la empresa se encontraba incompleta, careciendo del número de aprobación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) en virtud de la mercadería involucrada en las declaraciones juradas (textiles).
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En su resolución, el juez argumentó que “dichas circunstancias impiden tener por acreditada la verosimilitud del derecho alegada por la parte actora. Es por ello que no corresponde hacer lugar a la medida intentada respecto de las declaraciones juradas SIRA nº 22001SIRA001658F; 22001SIRA001058W; 22001SIRA001069B y 22001SIRA001925” para, finalmente, “rechazar la medida cautelar solicitada por Texcore SRL”.
Guillermo Michel, Director General de Aduanas, señaló que: “Valoramos la actitud responsable de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Las divisas no se pueden destinar a empresas que pretenden saltear los controles de importación, debemos trabajar para sostener el empleo y la producción de aquellos que cumplen con la ley”.
Esta tarde, a través de un comunicado, la DGA informó la evolución de las medidas cautelares presentadas hasta el momento. En este sentido, indicaron que, previo a la implementación del SIRA en octubre de 2022, se presentaron 3.146 reclamos judiciales vinculados al “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI) para el período 2021/2022 por valores FOB mayores a U$S 2.521.000.000.
Según el reporte, el stock de cautelares vigentes respecto de SIMIs que se encuentran actualmente en estado de SALIDA, asciende a menos del 1% del monto original, en tanto que las restantes fueron en su mayoría desestimadas.
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Casos de maniobras fraudulentas con cautelares
El organismo de control detectó tres tipos de maniobras fraudulentas consistentes en la obtención de medidas cautelares falsas para poder importar, accediendo a divisas a valor oficial y sin regulación del fisco:
- Alquiler de Cautelares: Empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA y luego las “alquilan”. La Aduana denunció que la empresa Yoko S.A. no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea S.A.
- Cautelares donde no se cumplía el peligro en la demora: La firma Barpla SA había argumentado “peligro de demora” ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, pero había logrado validar la salida de 39 SIMIs (procedimientos para autorizar importaciones, en este caso de textiles) durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, hasta el 16 de agosto pasado, de acuerdo con los registros de la Aduana había utilizado U$S 21 millones. Le quedaba un margen superior a los U$S 107 millones de libre disposición. Ante el escándalo, la empresa decidió desistir de la cautelar.
- Venta de mercadería en zona primaria aduanera a firma que tenía medida judicial favorable: lo novedoso de esta maniobra es que dos firmas, en apariencia no relacionadas, se “vendían” entre sí mercadería en la zona primaria aduanera, es decir cuando ya habían llegado al país, pero aún no estaban nacionalizadas. El beneficio consistía en que una de las dos tenía una cautelar y además, se evitaban el pago de IVA y de Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a Argentina. La mercadería incorporada a través de esa SIMI que esquivó la validación del fisco por tener ese aval judicial le fue transferida luego, a través de una venta de la empresa HARLYE SA a favor de la firma Tela 770 SRL, mediante una factura fechada recién el 19 de octubre de 2022, casi un mes después de que hubiese sido beneficiada por la medida cautelar por casi US$ 3 millones.