El nuevo dios económico es el déficit cero. O, al menos, es la deidad a  la que oran en la administración de Javier Milei para honrar la palabra dada a los burócratas del FMI que sólo buscan que las cuentas cierren.

Y, sólo conocen el método de ajustar gastos, acumular dólares, subir impuestos y derechos de exportación y recaudarlos para pagar las deudas.

El paquete fiscal dentro de la ley ómnibus se dirigía en ese sentido y, tras el retiro de ese capítulo del debate parlamentario por parte del gobierno, en los próximos días, en vez de intentar sancionar los proyectos todos juntos, tratará aprobarlos por separado en sesiones ordinarias del Congreso.

La decisión del trio Javier Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo fue la de recalcular para no arriesgar una derrota completa en Diputados a menos de dos meses de haber asumido el Poder Ejecutivo y se adoptó luego de escuchar atentamente la advertencia de otro trio del poder del interior del país. El compuesto por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro.

Los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, sólo debieron recordarles que el impuesto PAIS, fundamental para la recaudación del presente ejercicio fiscal, debe renovar su vigencia y, su escasa coparticipación con las provincias, del orden del 30%, podría cambiar, por mandato legislativo, para ser completamente repartido entre los estados provinciales.

El impuesto PAIS fue creado por la administración de Alberto Fernández porque contaba con la protección de la ley de emergencia económica y fijó un tributo del 30% para las personas que compren divisas para atesoramiento como para quienes usen tarjetas de débito y/o crédito para cancelar gastos o extracción de monedas o billetes extranjeros fuera de la Argentina.

Hasta ahora, la Nación reparte el 30% de lo recaudado por este tributo a las provincias y a los municipios a través de financiamiento de programas sociales. 

El dictamen de la mayoría de la ley ómnibus que se pondrá a consideración parlamentaria cambia ese criterio de reparto y todo lo recaudado queda para el Tesoro Nacional. Los legisladores cordobeses de Martín Llaryora fueron los más explícitos en solicitar públicamente que, al menos, ese 30% sea coparticipado.

Y, lo solicitaron a los negociadores del gobierno porque no se trata de una caja recaudatoria menor.

El impuesto PAIS fue el tributo que más creció con respecto a la recaudación durante el año pasado, con un aumento del 335,5% respecto del año anterior y con ingresos totales por $1.5 billones.

Un crecimiento que se explicó por el incremento del tipo de cambio provocado por la constante devaluación de la moneda nacional bajo la gestión de Fernández-Massa y, continuada, por Milei-Caputo y porque se amplió la base imponible con nuevas importaciones.

Además, la administración de La Libertad Avanza, decidió aumentar la alícuota del gravamen hasta un 17,5% en el caso de importación de mercadería y aplica a la adquisición de dólares destinados a las operaciones de compra de bienes y servicios al exterior. Por ejemplo, las suscripciones a los servicios de streaming.

La excepción a este aumento muy importante fue la anotada en el decreto 14/2024 que excluyó del pago del impuesto PAIS a la importación de mercaderías utilizadas en la elaboración de productos destinados a la exportación, con el fin de estimular su producción.

Ese aumento de la alícuota podría ser discutido en el Congreso si los legisladores le quitan al Presidente esa facultad delegada.

Además, los negociadores de los “bloques” dialoguistas, aquellos que preferirían ver sancionada una ley con enmiendas para que el Ejecutivo pueda trabajar, en contraposición con los bloques legislativos de la izquierda y de Unión por la Patria que rechazan in toto el dictamen de mayoría, advirtieron a los hombres del Presidente que, al estar vencida la ley que creo el nuevo impuesto, que parece haber llegado para quedarse, necesita una prórroga para aumentar y validar la alícuota del tributo y su recaudación.

De no hacerlo se abriría la posibilidad de innumerables reclamos judiciales que terminarían por desfinanciar, aún más, al Estado Nacional.