Esta semana se ha conocido el esperado índice de inflación de agosto: 7%. Lo cierto es que más allá del dato inflacionario, lo que importó esta vez fue la necesidad de confirmar que las sospechas eran ciertas: difícilmente se puedan observar bajas significativas en los índices de precios, al menos por algún tiempo.

Los números tampoco son alentadores en lo que va de septiembre. Muchas consultoras ya estiman que perforar un piso de 6% de inflación será complejo. Las prepagas, el transporte, la expectativa por la quita de subsidios y la propia dinámica inflacionaria nos obligan a tener que esperar para ver alguna mejora.

Tampoco las acciones del Gobierno implican que en determinado tiempo la inflación empiece a ceder bruscamente. Todos indica que el Ministerio de Economía se empieza a preocupar más por el año electoral que se aproxima que por combatir de manera efectiva el aumento de los precios.

La gira de Sergio Massa por Estados Unidos -donde ha cosechado varias promesas dinerarias- hace pensar que efectivamente se ha logrado ganar algo de tiempo. El “dólar soja” incluso aportará otro tanto en virtud de intentar llegar a Marzo de 2023 –donde nuevamente comienza la cosecha gruesa- y de ahí pegar el salto hacia las elecciones sin que ocurra la implosión económica que siempre parece estar cerca de nuestra realidad.

Del otro lado del mostrador se encuentra la emisión monetaria. El esquema de “dólar soja” obligará a emitir durante este mes unos 600.000 millones de pesos que más tarde o más temprano, terminarán impactando en la inflación.

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Igual suerte corre la última medida del Banco Central de la República Argentina en materia de tasas de interés. El aumento de la tasa de referencia desde el 69,5% a 75% (550 puntos básicos) no es más que intentar ganar un poco de tiempo ante tanta volatilidad económica y financiera. Este aumento de tasas pudo haber sido motivado por el FMI (que exige que Argentina tenga tasas reales positivas para incentivar el ahorro en pesos e intentar así evitar más saltos en el tipo de cambio) o bien por la mera reacción ante el índice de precios de agosto que se ha conocido estos días intentando que los pesos busquen tasa de interés y no bienes y servicios, apostando a ralentizar la economía pero evitar una disparada mayor en los precios. Independientemente de los motivos, lo cierto es que en la práctica implica un aumento en las tasas de interés que paga el Banco Central por sus pasivos remunerados que en números llanos no significan otra cosa que no sea más emisión monetaria: cerca de 1.100 millones de pesos diarios adicionales deberán emitirse para poder sostener esta tasa de interés. Los números son elocuentes.

El propio cálculo oficial de inflación para el año 2023 plasmado en el flamante Presupuesto Nacional estima que será del 60%. Teniendo en cuenta que la subestimación del índice en el presupuesto suele ser un hecho, resulta interesante suponer que es lo que puede pasar en realidad en el año electoral que nos espera.

Todo indica que la batalla del Gobierno contra la inflación ha terminado (si es que alguna vez comenzó). A partir de aquí ya no quedan esperanzas de que se encaren reformas profundas. Sus resultados serán percibidos después de las elecciones venideras pero su costo político deberá pagarse hoy.

Las necesidades políticas nuevamente se imponen por sobre las necesidades de la gente y, por sobre todo, del sentido común.