La empresa Dánica anunció el cierre de su planta en San Luis
La compañía denunció que el sindicato "incumplió" un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La empresa Dánica comunicó el cierre de su planta en Villa Mercedes, San Luis, tras un extenso conflicto sindical con el sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores (SOEAD).
La tradicional compañía productora de aderezos informó que tomó la decisión luego de que fracasaran "todos los intentos de acuerdo" con el sector gremial.
La compañía sostuvo que el sindicato "incumplió" un acuerdo que vencía el 31 de mayo del 2024, homologado, a través de una resolución, por el ministerio de Trabajo de la Nación.
La firma Dánica fundada en 1936, tiene en su planta de San Luis, 172 operarios y desde fines de 2018 fue adquirida por empresarios de Córdoba del Grupo Beltrán, que se dedica a los negocios frigorífico y lácteo.
"Luego de un extenso conflicto donde Dánica intentó por todos los medios lograr un acuerdo favorable para todos sus colaboradores de la planta de Villa Mercedes, la empresa ha decidido proceder al cierre de sus operaciones en esa ciudad", comunicó la empresa que ya inició el envío de los telegramas de despido.
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La compañía fundamentó el cierre en "la imposibilidad de operar en condiciones de seguridad y legalidad, dado el quiebre de todos los marcos normativos y legales por parte del SOEAD de Villa Mercedes y Río Cuarto".
Dánica responsabilizó al sindicato de obstaculizar "las negociaciones afectando la pronta resolución de las diferencias ante los trabajadores que representan" y aseguró que el gremio violó la Conciliación Obligatoria dictada por la cartera laboral.
Apuntó también que el gremio desoyó órdenes de las autoridades policiales y judiciales de la provincia "al impedir el ingreso a la planta de proveedores y personal propio, poniendo en riesgo la integridad de personas e instalaciones y ejerciendo violencia de género ante integrantes de la empresa".
Dánica informó también que en septiembre pasado propuso aumentar un 177% en relación al sueldo que un trabajador percibía en igual mes del año anterior, a cambio de destrabar el conflicto.