¿El proyecto de impuesto a la Renta Inesperada nació muerto?
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció que será difícil reunir los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.
Ni 24 horas duró el proyecto de impuesto a la Renta Inesperada que impulsa el ministro de Economía, Martín Guzmán. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo tumbó mucho antes de que algún legislador pudiera leerlo completo.
“Lo veo difícil”, confesó Massa en declaraciones a periodistas que cubren el viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas.
“Va a costar sacarlo”, insistió el presidente de la Cámara Baja para que quede claro que el Poder Ejecutivo no podrá contar con el Legislativo para su sanción.
En realidad, Massa sólo puso blanco sobre negro lo que todo el oficialismo sabía: no tiene los votos para aprobarlo.
Sin embargo, y a sabiendas de este escenario, Guzmán insistió con la idea y el lunes el presidente lo acompañó en la presentación, posiblemente con la única intención de quedarse con el caballito de batalla de atacar a la oposición por “defender a los ricos”.
Desde el Ministerio de Economía ayer le dieron otro impulso a la propuesta al revelar que según los cálculos que realizaron el impuesto alcanzaría a 350 empresas y capturaría unos US$ 1.000 millones.LEE: Estiman recaudar US$ 1.000 millones por el impuesto a la renta inesperada
La idea es gravar a empresas que hayan ganado más de $ 1.000 millones ajustadas por inflación en 2022. Se le aplicaría una impuesto de 15% sobre el diferencial de rentabilidad obtenido respecto a 2021.
Economía buscó instalar que sólo afectaría a una porción minoritaria y muy rentable de empresas.
Anoche el Palacio de Hacienda remitió el proyecto a Diputados –cámara de ingreso para temas tributarios- pero antes de que sea fotocopiado el titular de ese cuerpo le restó toda viabilidad.LEE: El proyecto de la renta inesperada ya está en el Congreso: Guzmán pidió a los legisladores que acompañen
La propuesta había recogido el rechazo mayoritario de todo el arco empresario y tributaristas, quienes también advirtieron que se exponía a reclamos judiciales por dado que lo consideraban “confiscatorio”.