El bloque del Frente de Todos en el Senado logró hoy, a cuatro días de las elecciones generales, avanzar con la firma del dictamen del proyecto de "Compre sin IVA" que impulsa el Ministerio de Economía y que ya tiene media sanción de Diputados.

Pese a ser una semana corta y encontrarse en la antesala electoral, el Senado no quiere perderle pisada a la Cámara baja y, por eso, la comisión de Presupuesto y Hacienda puso manos a la obra para dejar lista la iniciativa que devuelve el 21% de impuesto al valor agregado a las compras con tarjeta de débito de productos de la canasta básica en supermercados y carnicerías. 

Al introducir el debate, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular - Frente de Todos) especificó que actualmente ya hay "12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos".

"Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo", sostuvo, explicado el mecanismo por el cual la inversión estatal vuelve en recaudación de AFIP.

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El riojano destacó que se apunta a beneficiar a un universo cercano a las 20 millones de personas, lo que representaría a su criterio un "paliativo" en medio de la situación "de alta inflación que deteriora el poder adquisitivo de los salarios".

En nombre de Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR) explicó que "conceptualmente" en su coalición están "de acuerdo con el programa", aunque aclaró que están en contra de apoyarlo en esta coyuntura porque "suma un grado más de incertidumbre".

El chaqueño advirtió que de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la medida es del "1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución" del impuesto de coparticipación a las provincias.

"Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación", ejemplificó.

A su juicio, en el proyecto se debería incorporar "una fuente clara de financiamiento" o bien "estudiar la posibilidad de un fondo compensador”.

A su turno, el senador oficialista Guillermo Andrada subrayó que "el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos" y que por lo tanto el planteo de esta quita está guiado por un principio de estricta "justicia tributaria".

Por su parte, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio contrastó esta política que demandará una inversión de 1% del PBI con la eximición de impuestos que gozan grandes empresas, y que representan para el Estado un costo fiscal de "más de 4 puntos del PBI".

La vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, contextualizó esta medida que ya corre por resolución del Poder Ejecutivo al destacar que "hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional" lo cual llevó al Gobierno a la decisión de poner en marcha "una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación".

Respecto a la devolución del IVA, la mendocina indicó que "no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado".