El Gobierno extendió hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los precios de alquileres, la prórroga de contratos y la suspensión de desalojos, que vencían a fines de enero.

La medida alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, aclaró la administración de Alberto Fernández.

Establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020.

La nueva normativa será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana, se indicó.

El Gobierno había decidido en septiembre poner en marcha la prórroga hasta el 31 de enero en el marco de la emergencia pública.

En ese momento, el Poder Ejecutivo había argumentado que la medida se debía a que "muchos trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica".

La continuidad de esa iniciativa constituyó un reclamo por parte de Inquilinos Agrupados, que advirtió sobre una compleja situación para el sector que representa.

"Es urgente la extensión del decreto", subrayó la agrupación recientemente, la cual argumentó que "frente al golpe del mercado inmobiliario, el incumplimiento de la ley y la crisis económica, tiene que haber un Estado presente".

A fin de mes también vence el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA, pero hasta ahora el Gobierno no se pronunció oficialmente al respecto.

De hecho, la agrupación Hipotecados UVA alertó que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat les informó que no se encuentra "en condiciones de poder brindar ningún tipo de solución" a los reclamos del sector, por lo que ya descarta una extensión de la medida.

Críticas de las inmobiliarias y respaldo de los inquilinos

Las cámaras que agrupan a inmobiliarias advirtieron hoy que la prórroga en el congelamiento de alquileres es un "parche" que perjudica a los inversores, mientras que las asociaciones de inquilinos respaldaron la medida.

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios sostuvo que la medida es una "decisión lapidaria para el sector, que es clave para el desarrollo de la economía del país a través de la construcción y la generación de puestos de trabajo".

En un comunicado, la entidad advirtió sobre la prórroga que "el peor remedio es el parche sobre el parche", al criticar la continuidad en el congelamiento de los precios de los contratos.

Dijo que la medida "transforma al sector en un intervencionismo que profundizará los graves problemas por los que atraviesa, poniendo en jaque puestos de trabajo y a pequeños inversores que ven amenazado su futuro en la Argentina desde hace meses".

La Cámara de Propietarios de la República Argentina afirmó que la prórroga es "terrible, porque no solo están perjudicando a los mismos inquilinos, porque se les generará una bola de nieve de deudas, sino también porque espanta la inversión inmobiliaria destinada a alquilarse como viviendas".

En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Enrique Abatti, alertó que "la rentabilidad de los inmuebles está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, ya que actualmente no supera el 2% anual en dólares del valor del inmueble".

Por su parte, el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, consideró que con la extensión "no gana ni pierde nadie, y es un respiro en una situación económica grave, con inquilinos endeudados".

Muñoz reclamó "implementar medidas de desendeudamiento, control de ley de alquileres y empezar a discutir los precios de alquileres, que hoy no tienen relación con el valor fiscal".

La Federación de Inquilinos también reclamó "reglamentar el registro obligatorio de los contratos de alquiler en la AFIP que aún no lo hizo después de 7 meses de vigencia de la ley".

Muñoz dijo que los inquilinos enfrentan "una de las crisis habitacionales más grandes por culpa no solo de la pandemia, sino también del mercado inmobiliario y su ambición desmedida".

El dirigente criticó también al Gobierno, al sostener que "el Estado, que no participa en las reglas del juego, es un espectador y parece que estamos como en la selva, donde sobrevive el más fuerte".