La demora en la aprobación de la octava revisión y su desembolso y la resolución del swap con China se sumaron como factores externos a la presión sobre el tipo de cambio, que ya sufría por las tensiones internas acerca de su valor de equilibrio.

“Aún no hay nada para comunicar” contestan día a día desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la consulta de cuándo el Directorio del organismo se reunirá para terminar de sellar la última auditoría y habilitar el desembolso de US$800 millones.

La falta de precisión llama la atención dado que habitualmente entre el anuncio de la elevación del staff report y la reunión del Board el período es de un par de semanas y en este caso ya se acerca al mes.

En principio no debieran surgir problemas desde el punto de vista técnico, pero tal vez los obstáculos surjan desde el lado político.

La semana pasada el ministro de Economía Luis Caputo acompañó al presidente en su gira por Estados Unidos pero tampoco ese viaje generó novedades al respecto.

A ello se une segundo factor de incertidumbre que es el swap con China, de cuyo primer tramo vencen US$2.800 millones en junio y US$1.900 en mayo.

Con relación a este tema tampoco hay información precisa ni desde el Ministerio de Economía, ni del Banco Central, ni tampoco desde la Cancillería.

Las especulaciones hablan de que Argentina deberá desembolsar una parte de esos vencimientos, que sin dudas golpearán las reservas internacionales, que según la metodología que se aplique para su conteo aún están en negativo, entre US$500 y US$1.000.

Desde el plano de vista interno, la acumulación de vencimientos en pesos del Tesoro Nacional generó otro foco de atención porque obligará al Gobierno nacional a sostener el superávit fiscal para servir esos compromisos y al mismo tiempo mantener la confianza de los bancos para su roll over.

En esa línea, la reciente aprobación de una nueva ley de movilidad jubilatoria suma ruidos ya que pone presión sobre las cuentas públicas y podría impactar en el equilibrio fiscal.

Si bien el presidente anunció que vetará la ley, su sanción es un golpe político que los mercados leen como debilidad para seguir impulsando las reformas necesarias para mejorar las cuentas del Estado.