Muchos de los que cacerolearon al Presidente Javier Milei cuando ingresaba a un teatro de Mar del Plata para ver actuar a su novia Fátima Flórez fueron trabajadores del puerto de Mar del Plata. 

En “La Felíz” están azorados, no pueden creer las modificaciones al régimen de pesca propuesto en la ley ómnibus remitida al Congreso Nacional para su consideración que cambia las reglas del juego vigentes y le pone una fecha de vencimiento a la actividad pesquera nacional.

Mar del Plata tiene el principal puerto pesquero del país y no es el único en el que sus trabajadores, sus familias y, hasta los empresarios del sector, se han puesto en estado de alerta y movilización. 

En Comodoro Rivadavia, Quequén, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Rawson, la situación de incredulidad se extiende.

Los cambios propuestos se sintetizan en los artículos 26 y 27 de la ley ómnibus que habilita la licitación internacional de permisos de pesca dentro de las 200 millas de mar argentino, que constituyen un derecho soberano de las naciones reconocido internacionalmente en la ONU.

La mayoría de los consultados por NA coinciden en señalar que las grandes multinacionales chinas, españolas y taiwanesas serán las grandes vencedoras con esta medida en detrimento de las pymes de capital nacional y, hasta de empresas extranjeras que trabajan en el país pero con la reglamentación vigente a la que están obligados a respetar.

Con el cambio propuesto por la administración de Javier Milei se les está diciendo a la gente de afuera  “…muchachos entren, paguen y hagan lo que quieran, la entrega soberana de estos recursos no nos importa”, sostiene Mariano Moreno  Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones, que viene de enojarse públicamente con la Canciller, Diana Mondino, que trató “de hipócritas y tarados” a los pescadores.

Mondino había dicho hace unos días: "No seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos”, y cuestionó: “¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?”. “Si hay algo que es de tarado es la pesca”, afirmó fastidiada la Canciller ante una pregunta periodística.

Para el sindicalista Mariano Moreno: “…lo que llama poderosamente la atención es que una Canciller, una ministra de Relaciones Exteriores, hable tan livianamente de una actividad que desconoce por completo, que, además, ha apoyado a este gobierno, gran parte de esas tripulaciones, superando el 70%, han apoyado a este nuevo gobierno en los votos y bueno, hoy se ven defraudados por estas decisiones o este pretendido proyecto, pero también por las palabras de una funcionaria pública que debería hablar primero con conocimiento de causa, yo sé que no es su ámbito, su ámbito es más el de las finanzas, de las especulaciones financieras y ese tipo de cuestiones, desconozco que tenga experiencia en el mundo productivo”.

Lo cierto es que detrás de las polémicas, que no han hecho más que comenzar, se enfrentan dos visiones de administración de los recursos nacionales. Una visión fiscalista, defendida por el gobierno que pretende que la empresa que ofrezca el monto mayor se quede con el permiso de pesca dentro del mar argentino, y otra visión de índole productivista que hace hincapié en el trabajo reglado argentino y en la defensa de los recursos nacionales.

En el sector pesquero  tomaron nota del acompañamiento que realizará la gestión del PRO en el partido de General Pueyrredón conducida por Guillermo Montenegro. “Vamos a defender el trabajo marplatense, independientemente de quién sea presidente de la Nación, si vemos que esto afecta el trabajo”, dijo ante medios locales el secretario de Desarrollo marplatense, Fernando Muro. 

NA  había advertido previamente que en los últimos 10 años empresas chinas fueron ingresando al país a través de la compra de pesqueras locales. Por lo cual, los mismos que, en ocasiones reiteradas son piratas pesqueros, se reconvierten en empresarios legales, al operar con barcos donde flamea el pabellón nacional. 

El ex secretario de Estado, César Augusto Lerena, advierte sobre el negocio chino de extranjerizar el mar argentino.

En una reciente publicación de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (saeeg.org) afirmó, “…la flota extranjera, está ávida de hacerse de la proteína más valiosa del mundo animal. (…) ningún gobierno serio hubiera entregado los recursos pesqueros al mejor postor”.

Lerena titular del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana explica los riesgos de pérdida de soberanía nacional si avanzara este proyecto de ley. "…los buques pesqueros extranjeros de las grandes potencias no sólo pescan. Los más de 500 buques argentinos que pescan en la zona económica exclusiva son los que ejercen soberanía en la zona. Lo demostraron incluso durante la Guerra de Malvinas, y amplío para que no queden dudas. La soberanía política, territorial, económica, alimentaria, ambiental y social, todo esto se habrá perdido con este proyecto.

Según la revista The Economist, "La flota pesquera china tiene la peor reputación global de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cerca de un tercio de los 3.000 buques operan en Sudamérica todo el año. Persiguiendo al calamar migratorio, pasan 6 meses del año saqueando las aguas del Atlántico, frente a la Argentina y otros 6 haciendo capturas en el Pacífico, cerca de Ecuador y Perú, atravesando el estrecho de Magallanes”, afirma el semanario londinense.

En Argentina, la preocupación no es sólo económica, sino, también, ambiental.

El Mar Argentino da hogar a miles de especies marinas, muchas de las cuales se presumen endémicas de la región. Por consiguiente, la pesca sistemática no controlada puede generar un daño irreparable en la biodiversidad al acelerar la extinción de ciertas especies animales y vegetales.

Para César Lerena: “El recurso y la consecuente cuota se determina en base a investigaciones que establece anualmente la captura máxima sostenible. Esta reforma establece que los permisos tendrán como mínimo una duración de 20 años, lo que parece ignorar que el recurso pesquero es renovable pero agotable, sujeto a procesos biológicos referidos a las especies, al medio marino y al esfuerzo pesquero que realizan los buques en la zona económica exclusiva, pero también en alta mar, donde la Argentina no tiene jurisdicción, ya que se trata de explotaciones que actúan sobre recursos de un mismo ecosistema”.

Mientras los expertos debaten las posibles consecuencias económicas, ambientales y sociales de la sanción de la ley, la sensación que se vive en el puerto de Mar del Plata es de profunda tristeza. 

A las respuestas destempladas de la Canciller, Diana Mondino, se suma la enorme preocupación por un final abrupto par una actividad que según explicó Omar Santos, con más de 15 años a bordo de buques pesqueros, “…se trata de una actividad familiar, hecha con el esfuerzo de nuestros abuelos, más de 50 años dedicados a lo mismo con mi padre. Somos verdaderas sociedades familiares que invertimos en buques, plantas industriales y si avanza esta idea, nos terminaríamos preguntando para que lo hicimos. Nos quedaríamos sin nada”.