La Superintendenta de Seguros de la Nación, Mirtha Adriana Guida, fue implacable con el empresario Carlos Rosales, dueño de la tradicional compañía de seguros PROF, con más de 50 años en el mercado asegurador, y ordenó que se integren capitales mínimos para poder continuar operando. De lo contrario, deberá afrontar la quiebra o liquidación forzosa del emprendimiento elegido por el polémico empresario para constituirse en el fundamento o pilar de su grupo.

Los intereses de Rosales abarcan varios rubros, desde tiendas de retail, Garbarino y Compumundo (que se encuentran en concurso preventivo) medios de comunicación, como Radio Continental y hasta explotaciones gastronómicas y hoteleras como el Restaurant Schiaffino de Recoleta y el Lodge 5 estrellas, Don Enrique, en los Saltos del Moconá, en la provincia de Misiones.

Más allá de la diversificación de sus proyectos, lo cierto es que acaba de vencer el plazo otorgado por los funcionarios nacionales de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para capitalizar la empresa aseguradora y, de esa manera, poder levantar la inhibición de celebrar nuevos contratos que pesan sobre la compañía y comenzar a regularizar los salarios de los trabajadores que continúan protestando ante la ausencia de dinero en sus cuentas sueldo.

El Grupo Prof acaba de ingresar a un tiempo de descuento porque Mirtha Adriana Guida y su equipo le dieron tiempo hasta el pasado 22 de mayo para integrar el capital mínimo de su compañía, para lo cual, Rosales ,incorporó un bien inmueble que pertenecería a Garbarino, otra de sus empresas, que intenta recuperarse de pasivos gigantescos, además de comenzar urgentes negociaciones con inversores que están interesados en ingresar a Prof Seguros.

En diálogo con NA, Jorge Sola, secretario general del sindicato del seguro y secretario de prensa de la CGT, afirmó que la situación laboral de los trabajadores del Grupo PROF, “...es grave porque siguen sin cobrar sueldos adeudados, en algunos casos, desde el mes de febrero pasado. No ha habido novedades efectivas en los últimos días con respecto a la protesta que realizamos frente a la sede central de Prof Seguro unos 15 días”

Consultado acerca de alguna expectativa de cobro para los próximos días, Jorge Sola, sostuvo, “…trascendió que hay unos inversores interesados en la compañía que se comprometieron a saldar deudas una vez que ingresen. Pero, ese trámite aún no se realizó”.

Mientras que los trabajadores viven horas de angustia el managment de Carlos Rosales intenta cerrar cuanto antes las negociaciones con nuevos inversores que capitalicen Prof Seguros. El problema es que se negocia en tiempo de descuento.

Porque ya se ingresó a un período suplementario con respecto al plazo otorgado por la SSN para regularizar la situación. Un plazo extendido, legal, porque los 30 días ordenados por Mirtha Adriana Guida, el pasado 22 de abril, son jornadas hábiles y no incluyen feriados ni sábados y domingos. “Además, los abogados de Rosales pueden pedir un plazo extra de tiempo si demuestran que están en conversaciones para salvar al Grupo Prof del abismo”, aseguraron inspectores de la SSN.

Al tiempo que Rosales y Guida entablan una guerra silenciosa a base de golpes de expedientes fuentes del mercado asegurador se mostraron sorprendidos por la rigurosidad de la funcionaria nacional.

“La inhibición y suspensión de Prof Seguros sorprendió porque podría mostrar una práctica estatal arbitraria. Esto es así, porque, si bien existe un déficit en las cuentas de la empresa, durante tres trimestres consecutivos de informes presentados por Rosales, se aceptó la inclusión del valor de un bien inmueble por cerca de 1.200 millones de pesos que quedó registrado en los estados contables y en el cuarto trimestre dejo de ser aceptado y provocó una crisis de la cual es muy difícil recuperarse”, aseguró un competidor de Carlos Rosales en el mercado asegurador que sigue con atención el desenlace de esta historia que puede servir de precedente para futuras actuaciones de la SSN.

Ahora bien, el empresario que no quiso dar su nombre, se refiere a la crisis provocada el pasado 22 de abril cuando la Superintendencia de Seguros de la Nación rechazó el plan de regularización y saneamiento presentado por Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada.

La primera movida de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, fue el 16 de septiembre del año pasado cuando advirtió por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar del Grupo Prof. Se trata de un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la compañía aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.

La decisión de la SSN del 12 de octubre de 2021 fue peor para el futuro de la compañía de Rosales y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental. La Resolución 725/2021, publicada el 12 de octubre en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) prohibió a Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada la emisión de nuevos contratos de seguros.

El directorio de Prof Seguros había presentado, previamente a estas decisiones, el 2 de septiembre de 2021, un balance que ha sido puesto en cuestión por el edificio patagónico que en principio estaría comprometido en el concurso de Garbarino.

En el balance se anota que:

PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (CUIT 30-50005918-0) enseñó sus estados contables del ejercicio, cerrado al 30 de junio de 2021, y expuso una situación superavitaria en materia de Capitales Mínimos por la suma de PESOS SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($609.052.449.-) y una situación deficitaria en el Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO (-$79.393.121.)

Los funcionario de la superintendenta Guida observaron que "...de un primer análisis de los citados estados contables del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, se detectó que la aseguradora expuso en el rubro Inmuebles la suma de PESOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO ($1.152.858.601.-), correspondiente al inmueble sito en Combate de Montevideo 1101, Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respecto del cual no se encontraba agregada en el módulo Inmuebles del sistema SINENSUP la documentación suficiente para acreditar la inscripción en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE y la valuación del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, por lo que correspondía deducir el citado valor a efectos del cálculo de las relaciones técnicas".

El edificio en cuestión está fuertemente sospechado de pertenecer a una de las compañías que se encuentran concursadas en el expediente Garbarino. Los reguladores estatales explicaron que "esa propiedad era parte del patrimonio de unas de las empresas del GRUPO GARBARINO: DIGITAL FUEGINA (ensambladora de electrodomésticos. Recordemos que el GRUPO GARBARINO está constituido por las siguientes empresas: GARBARINO (concursada), Compumundo (concursada), Garbarino Viajes (próxima en ingresar en Concurso Preventivo), Fiden (financiera), y las ensambladoras Tecnosur y Digital Fueguinas (en Tierra de Fuego)".

Además, un inspector de la SSN, aseguró que “la propiedad que se incorporó a la Aseguradora: corresponde a una empresa del GRUPO GARBARINO, cuyas empresas principales se encuentran en el proceso de concurso preventivo y si se aplica la teoría societaria del “corrimiento del velo” (art. 144 CCC), podría estarse ante la puerta de una quiebra del Grupo de carácter fraudulento”.

En derecho, el levantamiento del velo societario,  es una doctrina por la cual los socios de una sociedad mercantil permanecen obligados al cumplimiento de las obligaciones de la misma.

La doctrina encuentra su fundamento en los principios de equidad y buena fe, suponiendo como tal una excepción al principio general de limitación de responsabilidad de los socios, especialmente en lo relativo a las deudas contraídas por la sociedad. De esta forma se permite a los tribunales eliminar el escudo de la persona jurídica, y alcanzar a las personas físicas que están detrás de la sociedad.

Finalmente, Rosales hizo los deberes ante el Registro de la Propiedad Inmueble y el Tribunal de Tasaciones y el edificio quedó incorporado pero nada parece alcanzar porque el 2 de marzo pasado volvió a presentar sus estados contables, esta vez, correspondientes al período cerrado al 31 de diciembre de 2021, e incorporando al cuestionado bien inmueble.

La superintendenta tomó el valor del edificio pero los déficits continuaron y, según el expediente EX-2021-85941085-APN-GA#SSN, se debe regularizar la cuenta de capitales mínimos por $ 299.912.430. Además de los cálculos de cobertura (constitución de reserva) por $ 1.207.816.295 y el estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar: $ 233.093.609.

Todo en un plazo de 30 días hábiles que comenzaron a transcurrir desde el 22 de abril y que pone al managment de Rosales bajo máxima presión.