El Grupo Prof, de Carlos Rosales, se asoma al abismo de la quiebra
Los trabajadores de la aseguradora denuncian que no cobran sus salarios desde hace cuatro meses al tiempo que la empresa no puede emitir nuevos contratos de seguros.
Los trabajadores del grupo asegurador Prof se miran en el espejo de Garbarino y reflejan las mismas preocupaciones que los asalariados de la tradicional casa de ventas de electrodomésticos. Existe un común denominador, un mismo nombre propio, Carlos Rosales, el empresario que se expandió en muchos rubros y, ahora, observa cómo se desmorona todo lo construido en los últimos años.
Pero, en la caída, arrastra a una gran cantidad de empleados de sus firmas que, en el caso de la empresa principal de su holding, Prof Seguros, denuncian que “hay compañeros que hace cuatro meses no cobran sus salarios y siguen atendiendo a los clientes que quedan de la aseguradora”, según explicó Lucio Iglesias, subsecretario gremial del Sindicato del Seguro, que realizó una marcha frente a las oficinas del Grupo Prof en Juncal 1126 en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la CGT, Jorge Sola, secretario de prensa de la central sindical y titular del sindicato del seguro, afirmó a NA “La irresponsabilidad de Carlos Rosales ha provocado el incumplimiento del derecho a cobro de los haberes de sus empleados. Reclamamos el urgente pago de salarios a los trabajadores de Prof Seguros”.
La compañía aseguradora atraviesa uno de sus dos peores momentos en su trayectoria. El anterior sucedió al momento de ser adquirida por Carlos Rosales.
La empresa escogida por el empresario para crear un holding de compañías fue PROFRU, una compañía tradicional con 50 años de trayectoria que, desde luego, en esa época atravesaba una crisis financiera.
En el ambiente del seguro la conocen como PROFRU. Se trata de la compañía aseguradora Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada. Cuando Rosales se hace cargo, la PROFRU estaba intervenida por la Superintendencia de Seguros por problemas que había tenido con la rama aseguradora de automotores. La empresa debió iniciar un proceso de saneamiento y conseguir capitales mínimos que fueron aportados por Carlos Rosales no sin polémica por un problema judicial posterior.
Rosales fue denunciado por estafa, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos por su socio de entonces, Alberto Castro a quien había conocido por realizar negocios con insumos sanitarios, por intermedio de Claudio de Meglio, empresario del sector farmacéutico.
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Para ingresar a la aseguradora PROF, Rosales reunió bienes, propiedades y pidió el concurso de Alberto Castro que también volcó bienes inmuebles para entrar a la aseguradora frutera del Alto Valle. Para Castro la operación “no era muy rentable pero significaba entrar en un nuevo negocio, el de los seguros”. El objetivo se logró pero la sociedad no duro y terminó de la peor manera con una demanda de Castro contra Rosales en el juzgado del entonces polémico juez Rodolfo Canicoba Corral, por un total de 220 millones de pesos que aún hoy está en litigio.
Pero, más allá de estas vicisitudes judiciales, Rosales creó el Grupo Prof y generó dos unidades de negocios hacia el interior de la compañía, la de seguros globales y la ART que bautizó con el nombre comercial de PLUS.
Ahora bien, crisis de Garbarino y Compumundo mediante, la crisis financiera del Grupo Prof liderada por Rosales, ex tesorero de San Lorenzo, también afecta a la aseguradora y, el golpe más fuerte en su trayectoria de medio siglo, lo recibió en octubre del año pasado cuando la Superintendencia de Seguros les prohibió celebrar nuevos contratos por serias deficiencias en sus cuentas.
Las decisiones de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, del 16 de septiembre, primero, y del 12 de octubre, después, pusieron a la aseguradora al borde de la liquidación.
La funcionaria nacional había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.
El segundo paso adoptado por Guida fue peor para el futuro de la aseguradora y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental. La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para que Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada emita nuevos contratos de seguros.
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En los considerandos de la Resolución, la SSN afirmó que su decisión se basó en el hecho de que la compañía presentaba un déficit de capital mínimo de más de $ 500 millones, (exactamente $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas)”.
La estrategia de Carlos Rosales fue la de judicializar la resolución. En los hechos el dueño de Garbarino podría haber capitalizado la compañía en un plazo lógico de tiempo pero nada de ello ocurrió y en los primeros días de noviembre concurrió a Tribunales para apelar la medida de la SSN.
De los problemas de ayer a las protestas de hoy
Si el hilo se corta por lo más delgado, los que más sufren son los empleados, que el 11 de mayo tuvieron que salir a la calle para protestar por la ausencia de sueldos depositados.
El delegado Lucio Iglesias explicó que “la verdad es que venimos con una serie de audiencias en el ministerio de Trabajo a la espera que la empresa pida la desinhibición para el pago de salarios que es lo que estamos reclamando desde hace tiempo. La empresa no hace el correcto pedido, dilata la situación y nos adeuda salarios desde hace cuatro meses. La situación es crítica”.
Consultado acerca del futuro de la aseguradora, Iglesias afirmó, “la empresa no pide la convocatoria de acreedores pero tampoco cumple con las obligaciones básicas. Necesitamos que hagan el correcto pedido de liberación de fondos para el pago de salarios. Esta es una maniobra similar a la que hicieron en Garbarino, así que nosotros vamos a exponer el conflicto en todos lados para que los trabajadores puedan llevar el pan a sus casas”.