El Gobierno nacional deberá seguir apelando a decretos de asignación de gasto dado que la elevada inflación consume rápidamente las partidas que surgen de la prórroga del presupuesto 2023 para la Administración Pública Nacional.

Así lo advirtió un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El informe indicó que durante el primer trimestre del año, la Administración Nacional devengó un gasto total de $15.347.274 millones, lo que representa una ejecución del 28% respecto al crédito vigente al 31 de marzo de 2024 ($54.733.432 millones).

“Si bien recientemente el presupuesto de gastos y recursos de la APN fue ampliado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°280/2024, el porcentaje de ejecución sigue ubicándose por encima del promedio de los primeros trimestres de los últimos 10 años”, señaló ASAP.

Advierten que el Gobierno deberá seguir emitiendo decretos para sostener el financiamiento de la administración pública

En consecuencia consideró que “de mantenerse un escenario de alta inflación como el actual, durante el transcurso del año serán necesarias nuevas ampliaciones presupuestarias que permitan afrontar los gastos de la APN”.

De un total 9 ministerios más 7 jurisdicciones con la misma jerarquía presupuestaria, 10 de ellas ejecutaron su presupuesto en un porcentaje mayor al promedio (28%), mientras que las otras seis quedaron por debajo.   

Entre las Jurisdicciones con mayor ejecución, se destaca el  Ministerio Público (43%), Ministerio de Salud (39,4%), Poder Legislativo Nacional (39,1%), Servicios de la Deuda, (38,8%), Ministerio de Seguridad (35,6%), Ministerio de Defensa (35,5%), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (35,3%), Jefatura de Gabinete de Ministros (34%), Ministerio de Justicia (31,2%) y  Ministerio de Capital Humano (29%).

En contraposición, las de menor ejecución fueron Poder Judicial de la Nación (25,8%), Ministerio de Infraestructura (20,2%), Presidencia de la Nación (19%), Ministerio de Economía (14,4%),  Ministerio del Interior (12,5%) y Obligaciones a Cargo del Tesoro (11,7%).

ASAP señaló que “dado que los niveles de gastos previstos en la prórroga de Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 eran prácticamente iguales en términos nominales a los del año anterior, al considerar las autorizaciones de gastos vigentes para el 2024 se observa que éstas representan un incremento interanual muy por debajo del nivel de inflación prevista, lo que da cuenta que el nivel de gasto previsto no será suficiente para cubrir las necesidades de todo el año”.

A partir de esta situación concluyó que el último DNU “debe ser interpretado más bien como un instrumento de carácter operativo destinado a permitir el funcionamiento de la Administración Pública Nacional en los próximos meses, que como un instrumento asignativo y de planificación, donde se revelan las múltiples políticas públicas que el Gobierno pretende implementar”.

La advertencia se produce en momentos en que se discute el financiamiento, por ejemplo de las universidades, que en muchos casos tuvieron que apelar a recortes de servicios básicos para su funcionamiento.