Los tres futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual agravado continuarán detenidos en prisión domiciliaria en Tucumán, según resolvió este lunes la jueza local Laura Casas.

Se trata de Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla, quienes ahora deberán buscar un lugar en el que quedar alojados bajo vigilancia policial.

Los tres jugadores permanecen aún alojados en la Dirección General de Investigaciones, adonde también permanece el arquero Sebastián Sosa, aunque en su caso porque aún no pudo reunir el dinero de la fianza.

Los cuatro continúan imputados pero con distintos grados de participación, lo que explica que Sosa –una vez depositada la caución- podrá regresar a Buenos Aires pero continuará con impedimento de salida del país.

La jueza ratificó el arresto domiciliario de Cufré, Florentín y Osorio por el término de 90 días, ante un pedido de las defensas de los futbolistas que pretendían la excarcelación en términos similares a los de Sosa.

Los abogados de las defensas preveían la negativa a las libertades en el día de hoy, pero consideraron que esta instancia era necesaria para despejar la vía de la apelación ante tribunales superiores del Poder Judicial tucumano.

Más temprano, la fiscal Eugenia María Posse; los representantes de la presunta víctima, Juan Andrés Robles y Patricia Neme, y la propia damnificada, se habían opuesto a la excarcelación de los futbolistas.

La periodista deportiva de 24 años de edad que denunció la agresión sexual consideró “injusto” que los futbolistas fueran excarcelados e, incluso, que se les concediera la prisión domiciliaria, porque supuso que gozarían de beneficios que a ella, como víctima, le son denegados.

En ese sentido, deslizó que los futbolistas podrían permanecer juntos, incluso con sus familias, y que por su potencial económico podrían alquilar una casa con piscina y campo de entrenamiento mientras esperan el juicio oral.

Las defensas hicieron hincapié en el temor de la presunta víctima en “cruzarse” con algunos de los denunciados y por ello justificaron el pedido para que fueran trasladados a Buenos Aires, con obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado.