Un operativo conjunto de Migraciones, Trabajo y la Policía Federal detectó al menos 15 empleados de la minera Posco trabajando ilegalmente en Argentina. Los trabajadores, de nacionalidad extranjera, habían ingresado al país con visas de turismo vencidas.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones de Posco en el Nodo Logístico de Güemes. Durante las requisas se detectaron 15 empleados con visas de turismo vencidas. Los trabajadores ocupaban puestos de categoría dentro de la empresa.

Pero la cosa va aún peor. No se trataría solo de un descuido de papeleo o una maniobra para pagar sueldos y prestaciones más bajas, sino que se sospecha que la empresa los contrató o facilitó su ingreso ilegal al país.

Reacciones y posibles consecuencias 

Daniel Quinteros, subsecretario de Empleo, denunció la situación y criticó a Posco por "ahorrarse unos pesos" a costa de los trabajadores. Quinteros calificó a los empleados como "capataces, técnicos, encargados y jefes", no como trabajadores comunes.

Además el subsecretario de empleo consideró “lamentable” que una empresa tan grande como la minera coreana Pasco incurra en este tipo de prácticas para pagar salarios más bajos y ahorrarse los aportes patronales.

Detenidos en Posco por trabajo ilegal: empleados con visa de turista

Todavía no está claro cuales serán las consecuencias para las empresas y los empleados jerárquicos descubiertos durante el operativo de Migraciones. Pero hay un menú de posibilidades en estudios que van desde multas para la empresa Posco y la expulsión del país para los trabajadores.

Para determinar cuales serán las consecuencias para todos los involucrados será importante el resultado final de la Investigación sobre las responsabilidades de la empresa en la contratación de estos trabajadores ilegales.

Una oportunidad para el Gobierno

Este caso pone de relieve la importancia de la fiscalización del trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. Y podría ser una buena oportunidad para el Gobierno de Milei para mostrarse firme contra los empleados ilegales, más aún en este caso que se trata de empleados de altos cargos de la minera. 

Además le permitiría al nuevo Gobierno mostrar que no le tiembla el pulso aunque se trate de una gran empresa de nivel mundial y así hacer frente de manera concreta a quienes lo acusan de ser un Gobierno de las corporaciones.