Violencia sexual digital: la difusión de material íntimo sin consentimiento podría ser penado

Cada vez son más las víctimas por violencia digital que sufren filtración de fotos, videos o mensajes de tinte sexual, usados de manera abusiva y con el fin de perjudicar su imagen en la vida pública. Las consecuencias de dicha filtración son devastadoras, incluso llegan hasta el suicidio.

La Diputada Nacional Mónica Macha lo ejemplificó de un modo contundente y bien cercano en la presentación de la Ley "Belén" y Ley "Olimpia" en julio de este año: “Cualquiera puede tomar la decisión de sacarse fotos o de filmarse en situaciones íntimas, pero eso no implica que haya otra persona que tome la decisión de difundirlo. En el campo de lo social hay una culpabilización y una estigmatización que, con la velocidad de distribución que encima ocurre, se vuelve insoportable para la víctima en todos los órdenes de su vida. Muchas mujeres terminan sin querer salir a la calle”.

Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC, presentaron ante el Congreso dos proyectos para prevenir y sancionar la violencia sexual digital a los que llamaron “Ley Olimpia” y “Ley Belén”.

El primer proyecto de ley propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”. El segundo, impulsa modificaciones en el Código Penal de la Nación para prever penas de prisión de tres meses a tres años y elevar las multas establecidas.LEE: Desbarataron una banda familiar que se dedicaba a la "sextorsión" en la Patagonia

Comprender la violencia digital desde el relato ficcional

Antes de profundizar en el plano legislativo podemos acercarnos a este tipo de problemáticas a través de los relatos ficcionales: En Intimidad, una de las series españolas más vistas de Netflix se visibiliza a la perfección la violencia sexual digital a través de la historia que vive cada una de sus protagonistas.

Le pasa a Malen (Itziar Ituño), una alcaldesa que, tras sufrir la filtración de un vídeo íntimo, su carrera y el resto de las áreas de su vida íntima se ven perjudicadas. También le ocurre a Ane (Verónica Echegui), una trabajadora de una fábrica que es víctima de violencia digital tras la filtración de un video íntimo, un hecho que la conduce a la depresión por el acoso permanente que vive como consecuencia de esa filtración, y finalmente acaba en suicidio.

La historia de Ane se basa en un caso real ocurrido en España en el año 2019. Conocido como el caso Iveco, una trabajadora de la fábrica Iveco sufrió la filtración de un vídeo íntimo que comenzó rápidamente a difundirse entre sus compañeros de trabajo (unos 2.500 trabajadores). La víctima, a pesar de haber pedido ayuda a los superiores e intentar convivir con el hecho, terminó por quitarse la vida. Pese a que se abrió una investigación todavía no hay condenados.

Proyectos contra la violencia sexual digital: Ley Belén y Ley Olimpia

En nuestro país dejó huellas el resonado caso Belén San Román, la policía bonaerense de 26 años que en noviembre del 2020 fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo. Este caso inspiró la redacción del proyecto Ley Belén.

NA dialogó con la diputada nacional Mónica Macha, quien nos atendió desde Santa Cruz donde se encontraba reunida con la gobernadora Alicia Kirchner para abordar la propuesta legislativa contra la violencia digital. Al término del encuentro deslizó que “fue una muy buena reunión de trabajo”.

Cuando consultamos acerca de si hubo movimientos dentro del ámbito legislativo desde la presentación de los proyectos de ley en julio hasta la actualidad (casi dos meses), desde el espacio conformado por Macha dijeron que "hay buenas expectativas de acuerdos y avances”, pero hasta que las novedades estén en tierra firme optaron por la cautela.

-¿Cuáles son los argumentos presentados en el proyecto de Ley Olimpia Argentina para demostrar que efectivamente la violencia digital es una forma más de violencia de género?

-Si bien la violencia digital es una forma de violencia muy amplia con muchas dimensiones y que atraviesa a muchas personas de nuestra sociedad, dentro de ese universo hay una forma de violencia precisa que se articula con la violencia por motivos de género. Y a esa violencia es a la que apuntamos penalizar y prevenir.

Me preguntabas por qué se articula con la violencia por motivos de género: Porque está dirigida a las mujeres, porque implica la difusión de sus imágenes intimas y de desnudez sin consentimiento, porque hay de trasfondo una concepción por parte de algunos varones de que son dueños de esas imágenes y de hacer entonces lo que consideren con ellas, y porque la respuesta social muchas veces es de culpababilización sobre las mujeres. Entonces, a pesar de que las herramientas y la modalidad está vinculada al mundo digital, las reacciones y las situaciones que surgen a partir de estos hechos forman parte de lo que conceptualizamos como violencia por motivos de género.

 -Con respecto al panorama actual en el Congreso, ¿por qué considerás que ahora podría tener una mejor respuesta que en el pasado, con proyectos con el mismo fin que no lograron avanzar?

-Creo que ahora hay una instalación social del tema mucho más fuerte gracias al proceso que hicieron otras compañeras al trabajar este tipo de violencias. Fue clave para construir la visibilización que necesitábamos. En paralelo,  hay muchísimas más organizaciones consolidadas que también promueven el tratamiento de estas leyes. Ya no es solamente un trabajo dentro del ámbito legislativo, sino también la respuesta ante la demanda de organizaciones de la sociedad civil.

Las dos leyes: los principales puntos

Por un lado, el proyecto de Ley "Belén" impulsa modificaciones en el Código Penal de la Nación con penas de prisión de tres meses a tres años y con la posibilidad de elevar las multas establecidas.

En documento establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”.

Al mismo tiempo, indica que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento”.

También se aclara en el texto que las penas “se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad”.

“El ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas”, consideró Macha en la presentación del mes de julio.

En tanto, el proyecto de “Ley Olimpia”, propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485 e incorporar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.

Al mismo tiempo, propone la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones, que se aplica en México por impulso de la activista mexicana Olimpia Coral Melo.

El caso Olimpia debe su nombre a la activista mexicana que fue víctima de violencia digital al difundirse un video íntimo cuando tenía 18 años. Ella misma, en su país, encabezó la iniciativa para reformar el Código Penal mexicano y la ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente, en México se considera delito y está penado. En julio de este año también estuvo presente en el Congreso en la presentación del proyecto de ley que lleva su nombre para apoyar la iniciativa argentina.

La falta de legislación que existe en nuestro país hace que los datos para dimensionar la problemática todavía sean muy escasos. Sin embargo, podemos tomar como parámetro las respuestas recabadas en 2021 por la Fundación Avon y publicó en la Encuesta Nacional sobre consentimiento y violencia en el mundo digital.

El informe relevó situaciones que se viven en relaciones mediadas por lo virtual, evaluando la frecuencia y el nivel de incomodidad que generan. Entre los resultados más notorios, se indicó que 8 de cada 10 mujeres recibieron imágenes, mensajes, emojis/memes de tenor sexual sin su consentimiento; 7 de cada 10 fueron presionadas a enviar fotos íntimas, incluso luego de decir que no querían; al menos 1 de cada 2 mujeres sufrió y/o conoce alguna víctima de sextorsión y/o difusión de imágenes íntimas sin permiso.