Un hombre fue detenido en las últimas horas en la provincia de Salta tras haber sido denunciado en más de 20 oportunidades por su ex pareja por distintos hechos de violencia de género, cometidos durante un año.

La fiscala penal de Violencia de Género 2, María Luján Sodero, consideró que con la detención del acusado "se podría resguardar la vida de la víctima".

Además de la detención, y según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, Sodero imputó al acusado por los delitos de desobediencia judicial, turbación de la posesión, coacción agravada, amenazas agravadas (14 hechos), y todos en concurso real.

Antes de la detención por los delitos de hostigamiento y amedrentamiento permanentes, la fiscala había solicitado allanamientos en el domicilio del hombre.

En un extenso decreto de imputación, Sodero expuso todos los hechos denunciados por la mujer y resaltó la vigencia de una resolución del Juzgado de Violencia Familiar y Genero N° 2, del 29 de mayo de 2020, a través de la cual se ordenó la exclusión del hogar del acusado y en consecuencia, se dispuso que deje el domicilio con prohibición de ingresar a ese lugar.

También le prohibió acercarse a los lugares a los que concurra la víctima y lo intimó a mantenerse a una distancia de 300 metros de la denunciante, a abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en contra de ésta y su grupo familiar, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes o realizar amenazas descalificantes por cualquier medio.

Sin embargo, el denunciado quebrantó las restricciones en numerosas ocasiones, además de incurrir en nuevos hechos de violencia.

Según consta en el decreto de imputación, ante el temor por su integridad y la de su hijo, la víctima declaró en todas las denuncias formales radicadas que la situación de extrema violencia fue puesta en conocimiento y denunciada ante el Colegio de Abogados, el Tribunal de Ética de esa institución, la Cámara de Senadores de la Provincia  -en donde el imputado detenido se desempeña como asesor-, en la Cámara de Diputados de la Provincia y las comisiones de Violencia de Género respectivas de ambas cámaras legislativas.

En su imputación, la fiscala consideró que es evidente una actitud permanentemente acosadora, hostil, agresiva e intimidante de su parte, que muestra un abierto desinterés en acatar la manda judicial; y por eso en ese contexto, "se tornó imperativo el pedido de detención, que aparece como único medio posible para asegurar el cumplimiento de las normas desatendidas y así lograr la protección de la víctima".