Unas 200 familias mantenían este lunes tomado un predio perteneciente al ferrocarril al costado de la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, al tiempo que el juez federal Daniel Rafecas ordenó el desalojo "pacífico" y "sin utilización de la violencia".

La determinación de Rafecas generó tensión entre los ocupantes de las tierras, propiedad de la empresa Ferrosur, las cuales están rodeadas por efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval.

Las fuerzas, por el momento, solo se limitan a impedir el ingreso de materiales de construcción, con el objetivo de evitar la expansión y consolidación de los ocupantes.

Fuentes judiciales revelaron que la intención de Rafecas es lograr que los ocupantes finalicen la toma de tierras por su propia iniciativa en las próximas 48 horas, por lo que se estima que no habrá intervención de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, unas seis familias abandonaron el predio tras conocer la decisión del magistrado federal, quien este lunes por la mañana libró un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Sabina Frederic, para que arbitre "los medios necesarios para que, a través del personal policial a su cargo, se proceda a llevar a cabo el desalojo -de manera pacífica y sin la utilización de violencia- atento a la presencia de niños, de todas aquellas personas que se encuentren ocupando ilegalmente el predio".

Tanto Nación como el Gobierno porteño avalan la decisión del Rafecas, ya que la ocupación escapa a los canales tradicionales de negociación con organizaciones sociales y barriales para solucionar los problemas habitacionales de los barrios de emergencia de la zona.

Fuentes oficiales indicaron que detrás de la ocupación ilegal se encontrarían "grupos de barrabravas vinculados al narcotráfico", que fueron quienes habrían promovido el traslado de las familias ahora asentadas en el lugar.

El terreno ocupado se encuentra en inmediaciones de la estación Sola del ferrocarril Roca y la intervención del juez federal respondió a un pedido de la empresa Ferrosur.

En ese aspecto, las tierras estarían afectadas a una obra que llevarán delante de manera conjunta AySA y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para proveer de agua potable a los vecinos de la Villa 21-24.

La toma comenzó el miércoles de la semana pasada, luego de que vecinos de la antigua Villa Zavaleta protestaran por la muerte de una adolescente atropellada por uno de los trenes de carga que transitan por el barrio.