La causa por la muerte de Solange Musse en plena pandemia de Covid-19 fue elevada a juicio por la justicia cordobesa.

Están imputados los médicos Sergio Alí y Eduardo Javier Andrada junto con la trabajadora social Analía Morales, integrantes del ex-Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y el agente de la policía caminera Darío Mansilla.

La joven no pudo despedirse de su padre, Pablo Musse, a quien se le impidió el acceso a la provincia por las restricciones vigentes.

Los 4 imputados ahora están procesados por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En tanto, la causa recientemente elevada a juicio por el fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, tuvo muchas demoras: Inició en la justicia federal de Córdoba, más tarde pasó a la de Huinca Renancó y, de allí, al juzgado federal de Río Cuarto.

Solange había pedido ver a su padre y le negaron el acceso a la provincia de Córdoba por un test sospechoso de Covid 19. En ese momento, ella escribió en las redes: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.

Su padre viajó desde Neuquén en auto hasta Córdoba; con todos los trámites exigidos para entrar pero no lo logró. Allí le hicieron un test rápido y como dio “sospechoso” le ordenaron regresar a Neuquén. No lo dejaron parar en la ruta y acompañado por ocho patrulleros lo obligaron a regresar.

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La salud de Solange

La joven de 35 años transitaba un cáncer en estadio cuatro. Se mudó de Neuquén a Córdoba para ser atendida en la ciudad de Alta Gracia. En los últimos días de vida, fue internada en un sanatorio privado de mayor complejidad. Finalmente, el 20 de agosto del 2020 falleció sin poder encontrarse con su padre como ella había pedido.

El abogado del padre de Solange considera que la justicia federal es la que debe hacerse cargo del caso, ya que se trata de “una cuestión interjurisdiccional”.

“En atención a que los hechos denunciados involucran la actuación de agentes locales de la provincia de Córdoba, y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal (de naturaleza excepcional y restrictiva), corresponde que sea la justicia local de dicha provincia la que investigue el hecho por el cual se trabó el presente conflicto de competencia”, resolvieron los ministros de la Corte.

La familia de Solange busca determinar la “cadena de responsabilidades”, dijo en octubre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia había ordenado que sea la justicia provincial la que investigue a los funcionarios involucrados.

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