Ushuaia: separan del cargo por violencia de género a un alto funcionario de la Justicia
Marcelo Guzmán, el relator del Superior Tribunal de Justicia provincial, fue denunciado por su esposa. Ella declaró que “teme por su vida”.
El relator de un juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa. La víctima subió a sus redes sociales un video contando lo sucedido y adjuntando fotos donde se ve con el rostro y el cuerpo golpeados. "Teme por su vida", aseguró.
El funcionario judicial, Marcelo Guzmán, es uno de los relatores del juez de la Corte patagónica Ernesto Loffler, y a raíz de la denuncia deberá responder a la causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, confirmaron fuentes judiciales.
En las últimas horas, el magistrado ordenó la prohibición de acercamiento de Guzmán a 200 metros de su esposa, quien grabó un video manifestando el "calvario" por el que está atravesando y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Mientras tanto, el juez Loffler difundió un comunicado a través del área de prensa del Poder Judicial, en el que informó que "hasta tanto se esclarezcan los hechos y el proceso judicial culmine, el doctor Guzmán está desafectado de sus tareas en mi vocalía y están en trámite las medidas administrativas correspondientes, más allá de los procesos judiciales que deba atravesar".
Y agregó: "Condeno enfáticamente cualquier tipo de violencia, especialmente de género. Hoy lo ratifico, así como mi compromiso de garantizar a todas las posibles víctimas y personas en situación de vulnerabilidad un acceso pleno a la justicia y a que sus casos sean analizados con perspectiva de género, con los más amplios alcances que ello implica".
En el texto de la resolución, se expresa lo siguiente: “Sin perjuicio del estadio incipiente de la investigación que impone el resguardo del estado jurídico de inocencia, de tenerse en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, la sensibilidad y complejidad de la tarea que desarrolla el funcionario, como así también los altos estándares que imponen la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) -de rango constitucional- y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belem do Pará -ratificada por ley 24632- y la ley nacional 26485, a la que nuestra provincia adhirió mediante ley 1013”.
El día 9 de agosto, la víctima de violencia de género presentó la denuncia ante la Fiscalía a cargo del Dr. Nicolás Arias, donde se tomó declaración testimonial, y se impulsó la acción penal. En forma simultánea se le dio intervención a la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT) para una atención profesional.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo del Dr. Javier De Gamas Soler, interviniente en la investigación, dispuso la producción de medidas de prueba y le fijó reglas de conductas, como la prohibición de acercamiento y comunicación hacia la víctima, su familia o testigos a una distancia menor de 100 metros. Además, convocó a declaración indagatoria al funcionario imputado.
Asimismo, el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a cargo del Dr. Marco Mellien ordenó medidas de protección y contención para la mujer y su familia.