Una fiscal le pidió a la Corte Suprema que ordene a una empresa de medicina prepaga que deje de aumentar las cuotas para un anciano que padece una grave enfermedad de costoso tratamiento.

La fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, la misma que interviene en la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A., dictaminó a favor de que se revoque la resolución de la Sala A de la Cámara Comercial, que rechazó la acción de amparo interpuesta por el paciente.

Boquín es titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores (PPUC) del Ministerio Público Fiscal y en tal función sostuvo que permitir los aumentos de la cuota que cobra la prepaga, en este caso, resulta una decisión “arbitraria y  contraria al derecho federal vigente”.

Según la fiscal, el fallo omite “la relevancia de la tutela del usuario de servicios de salud ante los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos, respecto a la protección de las personas mayores”.

El afiliado gozaba de un plan corporativo como empleado de la Universidad Católica Argentina pero cuando se jubiló siguió afiliado a la empresa de medicina prepaga. Entonces perdió ciertos beneficios que tenía durante su actividad laboral y sufrió una grave enfermedad por la que debió someterse a un largo tratamiento y luego fue intervenido quirúrgicamente.

A partir de 2018, las cuotas de la prepaga se incrementaron ostensiblemente y, como se debitan de su salario como jubilado, comenzaron a alterar la naturaleza alimentaria de la percepción del beneficio previsional. La situación deja al afiliado ante la disyuntiva de dejar la prepaga y poner en riesgo su vida, o de continuar con la prepaga y poner en riesgo su subsistencia económica.

El amparo fue rechazado en todas las instancias, pero la fiscal Boquín consideró que esa decisión “desoye el marco contractual de adhesión y la condición de vulnerabilidad agravada del accionante, quien es un hombre jubilado que sufre una grave afección en su salud”.

Boquín consideró que la Cámara no compatibilizó las leyes de Marco Regulatorio de Medicina Prepaga y de Defensa del Consumidor con la normativa y principios que surgen de los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional.

La fiscal recordó “los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia de derechos humanos, especialmente respecto a la protección del derecho a la salud”. La decisión final está en manos de la Corte Suprema, pero entretanto el jubilado debe seguir pagando íntegramente las cuotas de la empresa de medicina prepaga.