La cartera que conduce Sergio Berni conformó un cuerpo operativo especial para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno nacional a fin de prevenir contagios del Covid-19 y evitar su propagación en 118 municipios de la provincia de Buenos Aires que atraviesan las fases 2 y 3.

Lo integran miembros de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada bonaerense, agentes del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, Policía Ecológica, grupos especiales de la Bonaerense y personal policial de cada jurisdicción, quienes ejecutan los procedimientos donde son denunciadas las reuniones ilícitas y en aquellos que detectan con el cateo de las convocatorias que circulan en las redes sociales.

Al igual que los cuerpos especiales, como el de Operativo Sol todos los años, esta brigada para cazar fiestas durante la pandemia requirió de contratar personal y equipamientos, lo cual se contempló en el presupuesto 2021 de la provincia.

Su misión consiste en “pescar” a los organizadores de esas fiestas, sean propietarios del inmueble donde se realicen o asistentes, que según el decreto sancionado para reglamentar el DNU de la emergencia, podrían ser penados con fuertes multas, de hasta $3.364.000 millones. 

Asimismo se consideran otras sanciones por vulnerar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y de distanciamiento social preventivo y obligatorio, según informó en su cuenta de Twitter el director Provincial de Gestión de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo Montero @MMonteroAr.

El funcionario, ex vicepresidente del radicalismo porteño, explicó a radio Cielo el modus operandi con que se manejan, tanto en la prevención como en los allanamientos.

“Mandamos patrulleros, seguridad, a los lugares que detectamos y hacemos todo a nuestro alcance para disuadirlos, pero se van trasladando de lugar y nos obligan a seguirlos con la información que obtenemos y, cuando los localizamos vamos y les desbaratamos las fiestas”, detalló.

Otra forma de anticipación es mediante el seguimiento de las publicaciones en redes sociales, en las listas de Whatsapp, y así se van chequeando los movimientos preparatorios.

De acuerdo con Montero, no se irrumpe espontáneamente en los lugares señalados, sino que para ingresar a una propiedad privada previamente la brigada se comunica con el Juzgado Federal de Turno, el que, junto con la Secretaría, indican cómo proceder.

La diligencia judicial tarda unos 15 minutos en transformarse en orden, desde el momento que atiende el secretario o el fiscal o alguien del juzgado cuando es tramitada.

A partir de contar con el documento, ejecutan el desalojo, toman los datos, hacen que la policía lleve a los organizadores a las comisarías.

Los agentes municipales labran las actas con las multas por incumplimiento de los protocolos, habilitaciones, etc, pero la aplicación del artículo 205 del Código Penal queda a cargo del Juzgado Federal.

El juez es inclusive quien determina los alcances de las responsabilidades: si el organizador, el disjey, el propietario o a los que asisten.

Desalojos

De este modo, el pasado fin de semana se lograron desbaratar no menos de ocho fiestas clandestinas en el territorio de la provincia: la mitad en el conurbano (tres en viviendas particulares en Garín, Ramos Mejía y Laferrere y uno en el restorán de un country de Escobar) y el resto en Ángel Etcheverry (La Plata), Bahía Blanca y Mar del Plata.

En total, involucraron a 1370 participantes, que fueron desalojados en la mayoría de los casos sin que opusieran resistencia. Sólo hubo un par de casos que terminaron en la estación policial. 

También se registraron clausuras de locales, secuestros de bebidas, multas, 3 arrestos y procesamientos por infracción al artículo 205 del Código Penal.

En la semana anterior, tuiteó Montero, se habían recibido “más de 1500 denuncias, 14 de ellas bastante grandes".

Abarcaban diversas localidades: La Plata, Malvinas, José C. Paz, Boulogne, donde se secuestraron bebidas alcohólicas, que se depositaron en los 6 galpones que ya se llenaron con las incautaciones desde que comenzó a funcionar la brigada.

Estos operativos de cacería de fiestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires, según Montero, no están destinados a aprender a “4 o 5 pibes que se juntan en una casa”, porque le resulta raro que tengan plata para juntar equipos musicales más potentes que los de un estadio, barras de tragos, luces psicodélicas, que sí forman parte de la oferta de diversión donde entran desde 200 a 2.500 personas, y los tickets se cobran de 500 a 100 mil pesos la mesa.

"En esas fiestas clandestinas está todo organizado, desde el precio de entradas hasta las luces o los gacebos", dijo Montero.

En Brasil funciona también un grupo especializado similar que se dedica a estos menesteres pandémicos.

Entre finales de febrero y marzo, llegó a desactivar más de 700 reuniones prohibidas por las disposiciones restrictivas que rigen en los países para evitar la propagación del Covid-19.